En marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado peruano de la sistemática contaminación de metales pesados en La Oroya. Sin embargo, tres meses después, aún continúa la emisión de gases tóxicos de zinc que afectan a la salud de la población.
Rosa Amaro es una mujer de 74 años que nació y creció en La Oroya. Ella forma parte de los 80 denunciantes que demandaron al Estado peruano por su responsabilidad detrás de la contaminación ambiental de metales pesados en La Oroya, la cual generó graves consecuencias en la salud de sus pobladores.
Desde 2002, Amaro lideró el Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO), una organización que reclamaba el reconocimiento de sus derechos sanitarios y a un ambiente sano para su provincia. En el año 2017, sin embargo, debido a las amenazas y el hostigamiento contra ella y su familia por parte de algunos antiguos trabajadores del complejo, Amaro tuvo que abandonar su ciudad natal por temor a represalias.
A pesar de esta situación, la valiente mujer siguió luchando por su población desde otros frentes. En 2022, testificó frente al jurado de CIDH sobre la inoperancia del Estado por atender adecuadamente la salud de los pobladores ante la contaminación de La Oroya. Asimismo, resaltó la desprotección del Estado por no investigar estos casos de hostigamiento y amenazas en contra de los denunciantes durante este proceso.
Aunque la CIDH sentenció al Estado peruano como responsable de la violación de los derechos sanitarios y ambientales de la población de La Oroya en marzo de este año, tres meses después, la polución del aire, agua y suelo de lugar persiste con altísimos niveles de metales pesados, siendo los principales el plomo, cadmio, zinc y arsénico.
El cáncer, las enfermedades respiratorias, la anemia, la leucemia y el daño irreparable a órganos vitales como el corazón, el pulmón, el cerebro y los riñones son los males más comunes con los que tienen que lidiar a diario los habitantes de La Oroya.
“Hemos tratado de sobrevivir, pero el Estado fue como un padre que no nos dio la cara, nunca se preocupó por nuestra población”, declaró, afligida, Rosa Amaro, una víctima que por décadas respiró los gases tóxicos provenientes del complejo metalúrgico de La Oroya y cuyos reclamos ha ignorado el Estado peruano hasta la fecha.
Doe Run Perú S.R.L.
Con la inversión de la empresa norteamericana Cerro de Pasco Copper Corporation se creó el centro metalúrgico de La Oroya, que fue una de las principales refinerías y fundidoras de cobre, plomo, zinc y metales preciosos de Perú desde 1922 hasta 1974.
Durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se estatizó la metalúrgica para fundar la empresa estatal Centromin Perú. En 1997, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, Centromin Perú fue vendida por 247 millones de dólares a Doe Run Company, perteneciente al Grupo Renco, que comenzó a operar en dichas instalaciones ese mismo año.
Desde esa fecha hasta el 2007, esta empresa se responsabilizaba de cumplir con el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) con el fin de reducir los pasivos ambientales para salvaguardar la salud de la población.
Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Energías y Minas, debido al incumplimiento en las prórrogas de 2004 y 2005 para terminar con las plantas de ácido sulfúrico, esencial para el procesamiento y reducción de los gases tóxicos del centro metalúrgico, Doe Run dejó de operar en 2009.
Durante sus 12 años de funcionamiento, la empresa estadounidense generó un impacto ambiental que perjudicó sistemáticamente la salud de la población de La Oroya. Aunque la mayoría de ciudadanos requería una atención médica urgente debido a la exposición prolongada a los gases tóxicos, el Estado no se movilizó ante esta vulneración, a pesar de que ya había una sentencia favorable del Tribunal Constitucional en 2006.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la larga espera
En 2005, de acuerdo con el informe de la CIDH, 76 pobladores de La Oroya demandaron al Estado por daños a la salud y la falta de un ambiente sano, debido a la contaminación de metales pesados del centro metalúrgico Doe Run Perú. Al año siguiente, el Tribunal Constitucional determinó la vulneración de sus derechos y, como parte su sentencia al Estado peruano, ordenó la inmediata atención sanitaria de los pobladores y el cese de la polución.
Sin embargo, el Estado incumplió con su deber de regular y fiscalizar las actividades del Complejo Metalúrgico La Oroya, lo que ocasionó que la empresa Doe Run Perú continúe funcionando a pesar de no cumplir con el PAMA.
Al sentirse ignorados por sus reclamos, 80 denunciantes presentaron la petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue aprobada finalmente en 2009. Esta acción se realizó con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la organización sin fines de lucro Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente
Los afectados tuvieron que esperar más de 10 años para que la Comisión recomendara al Estado peruano una serie de acciones para proteger los derechos de los pobladores de La Oroya.
Cristian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y representante del caso La Oroya en la CIDH, explica que este caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la inacción del Estado durante las dos prórrogas admitidas por la Comisión para cumplir con estas recomendaciones en 2020.
En esta instancia, el abogado explica que tanto los demandantes como la Comisión y el Estado fueron notificados para presentar sus argumentos del caso La Oroya a fin de determinar la vulnerabilidad de la población y el grado de responsabilidad del Gobierno peruano. “Es la primera vez que se defienden los derechos humanos de la salud como causa del impacto del medio ambiente”, resalta Huaylinos.
La sentencia y la irresponsabilidad del Estado
El 12 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la audiencia pública entre los demandantes, la Comisión y el Estado. No obstante, la entidad gubernamental desestimó las acusaciones alegando dos motivos: los afectados no habían recurrido a todos los recursos jurídicos internos y “no existía” un nexo causal entre las posibles enfermedades de las víctimas y la exposición a contaminantes en La Oroya.
Para Huaylinos, los alegatos del Estado eran infundados, porque “los demandantes sí utilizaron todos los recursos jurídicos cuando, en 2006, el Tribunal Constitucional admitió la vulnerabilidad de las víctimas y determinó las acciones que el Estado debía asumir para la protección de sus derechos”. El abogado afirma que el desamparo del Gobierno originó la demanda en su contra ante la Comisión.
Del mismo modo, según Rosa Amaro, el Estado no realizó un diagnóstico integral en la población de La Oroya. La importancia de este proceso médico es fundamental para otorgar un tratamiento especializado que determine la cantidad de plomo, cadmio y arsénico, y los síntomas relacionados en cada persona.
El abogado Huaynos indica que, debido a que este diagnóstico no se realizó adecuadamente, el Estado no podía alegar que no existe un nexo causal entre las enfermedades de las víctimas y la contaminación de La Oroya.
“En 2018, el Estado desarrolló un protocolo de atención médica integral enfocado en las afecciones provocadas por metales pesados. Sin embargo, no se aplicó adecuadamente, ya que se requerían estudios no solo en la sangre de las personas, sino también en su orina, huesos y órganos blandos para un diagnóstico completo que relaciona sus síntomas y enfermedades con la contaminación de los metales pesados del complejo metalúrgico de La Oroya”, argumentó Cristian Huaylinos.
El 22 de marzo de 2024, la CIDH sentenció al Perú como responsable la violación de los derechos por la contaminación de La Oroya. El Estado peruano debía indemnizar a las víctimas de la comunidad con montos de 15 a 35 mil dólares en función de su grado de afectación y vulnerabilidad. Asimismo, se dispuso la atención psicológica, el tratamiento médico especializado y la reubicación de las personas.
La contaminación inacabable de La Oroya
Con la liquidación de Doe Run Perú, el mando del complejo metalúrgico pasó a manos de los trabajadores, quienes formaron la empresa Metalúrgica Business Perú S.A.A. Desde octubre de 2023, pese a las restricciones por incumplir con el PAMA, el complejo metalúrgico de La Oroya volvió a operar luego de más de 10 años sin emitir gases tóxicos.
Recientemente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) alertaron un aumento en la contaminación de dióxido de azufre producto del funcionamiento parcial del complejo La Oroya. Además, denuncian que el Estado aún no cumple con las indemnizaciones y la atención para estas víctimas tras tres meses de la sentencia.
“Sin medidas de fiscalización en este complejo, el progreso por la lucha del derecho por la salud y a un ambiente sano será en vano. Cuando hemos consultado por el funcionamiento de la refinería, el propio Estado no tenía respuesta sobre su regulación ni de un plan de acción para cumplir con las medidas de la CIDH”, concluye Cristian Huaylinos, uno de los abogados que lucharon por más de una década en busca de justicia en La Oroya.
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