A finales de mayo, con 92 votos a favor y 25 en contra, el Congreso aprobó, en primera instancia, las reformas de los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución. Esta decisión permitiría la reelección única e inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, pero también limitaría la participación política de los movimientos regionales. Ahora bien, aún requiere de una segunda votación durante la siguiente legislatura para que entre en vigencia dichas modificaciones.
En noviembre de 2023, la Comisión de Constitución, presidida por Martha Moyano (Fuerza Popular), presentó la propuesta de reforma del artículo 35 de la Constitución, el cual buscaba la eliminación de los movimientos regionales de su participación durante las elecciones. Con ello, solo las alianzas y los partidos políticos serían las opciones a elegir para los ciudadanos.
Los congresistas de Acción Popular Darwin Espinoza y Wilson Soto, y Héctor Valer, de Somos Perú, adujeron que los movimientos regionales fomentan la inestabilidad democrática y la corrupción de sus funcionarios, ya que sus líderes se aprovechan de sus posiciones temporales para participar en las elecciones y ocupar cargos locales y regionales solo por fines particulares y sin un objetivo político.
La medida afectaría diversas regiones del país, donde los ciudadanos confían y votan a favor de los movimientos regionales debido a la poca o nula presencia de los partidos políticos nacionales. Al respecto, Freddy Vracko, presidente Asociación de Movimientos Regionales del Perú, ha señalado en diversos medios que la reforma constitucional es un atentado a la democracia. “Es un derecho de todos [la participación política]. Es nulo y punible todo acto que limite al ciudadano a su derecho, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución”, sustenta Vracko en su cuenta de X.
Las consecuencias de la Ley
En una entrevista para el canal N, el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), afirmó que las modificaciones constitucionales afectarían a los distritos alejados de los centros urbanos, debido a la nula participación de los partidos políticos nacionales. Esto provocaría que en futuras elecciones se dificulte la diversidad política y, por ende, se afecte el derecho a elegir para el ciudadano.
Asimismo, comentó que no sería viable por la incapacidad de los partidos para presentarse en más de 12,000 elecciones en todo el país. Cabe señalar que estos partidos políticos nacionales no se completaron en las elecciones de 25 regiones, 196 provincias y aproximadamente más de 1600 distritos, lo que originó un aumento de la participación política de los movimientos regionales a nivel nacional durante las elecciones regionales y locales de 2022.
Tras la aprobación de esta reforma, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó al Congreso mediante un pronunciamiento a reconsiderar esta decisión que afecta el derecho de los ciudadanos a la participación y la diversidad política.
Resaltaron que estas reformas son un retroceso en la consolidación de la democracia e instaron a fortalecer tanto los partidos políticos como a los movimientos regionales. Además, desde marzo de 2015, la reelección de alcaldes y gobernadores regionales está prohibida. El JNE advierte que, en años posteriores, se advirtió que la reelección no era posible y que esta decisión debió ser evaluada antes.
En defensa de la reelección de los alcaldes, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), argumentó que, a favor de la línea de carrera política y del progreso de los gobiernos regionales y municipales, se debía permitir esta medida para fortalecer y progresar a nivel interno.
