El derrame de petróleo en la Refinería Talara ha provocado daños ambientales y económicos que afectarán al departamento de Piura a inicios de 2025.
El pasado 20 de diciembre de 2024, un derrame de petróleo en la Refinería Talara, operada por Petroperú, desató una crisis ambiental en Piura. Este incidente, sumado a los fuertes oleajes anómalos que han azotado la costa peruana en la última semana, ha generado un impacto grave en la biodiversidad marina, la pesca artesanal y el turismo, pilares económicos y sociales de la región.
Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el petróleo derramado ha contaminado un área de 10,000 metros cuadrados de superficie marina y se extiende a playas emblemáticas como Capullanas, El Anchón, La Palizada y La Bola, ubicadas en el distrito de Lobitos. En sus orillas han aparecido especies muertas de fauna marina, como cangrejos, tortugas y delfines, cubiertas de petróleo.
Las corrientes marinas han desplazado el crudo a playas más alejadas, como Punta Malacas, Yapato, El Alto, Peña Negra y Cabo Blanco, impactando 275, 88 hectáreas de zonas intermareales y submareales, incluidas áreas de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (RNMTG), que es el hábitat de especies vulnerables como las tortugas golfinas (Lepidochelys olivácea) y las tortugas verdes (Chelonia mydas).
Por su parte, la pesca artesanal ha sufrido grandes pérdidas, dejando a muchos pescadores sin herramientas de trabajo. Según la ONG Oceana Perú, esta actividad es el sustento económico de más de 2000 familias ubicadas en el distrito de Lobitos. En total, aproximadamente 6000 personas han sido afectadas (operadores turísticos, hoteles, restaurantes, pescadores, etc.) por el derrame, según la municipalidad.
Además, el turismo en Piura podría disminuir un 20% este verano debido al derrame y los oleajes anómalos, según Mateo Gómez, presidente de la Cámara de Comercio. Las pérdidas proyectadas tras la disminución de visitantes alcanzarían los 9 millones de dólares si no se maneja la situación a tiempo, advirtió el representante a El Comercio.
Ante la gravedad del desastre, el Ministerio del Ambiente (Minam) ha declarado un estado de emergencia ambiental por 90 días para garantizar la remediación de las áreas afectadas y mitigar la contaminación ambiental con un Plan de Acción Inmediato y a Corto Plazo, dedicado a la contención y limpieza del hidrocarburo.
Mientras tanto, Petroperú continúa con las labores de limpieza, aunque las comunidades locales y organizaciones como la Asociación de Protección Ambiental Pro Desarrollo Sostenible de Talara (ASPAST) exigen mayor compromiso y transparencia de la empresa. A su vez, organizaciones como la ONG Oceana han desmentido las declaraciones de la empresa, que asegura haber controlado la situación.
Este desastre no solo pone en riesgo la riqueza natural de Piura, sino que también expone la falta de preparación ante emergencias ambientales. Aunque en agosto de 2024 se promulgó la Ley Nº 32106, “Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental” para garantizar una respuesta efectiva ante estos desastres, su falta de reglamentación ha impedido su aplicación, dejando a la comunidad desprotegida frente a este nuevo derrame.
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