Cuando el país despertó al amanecer del 10 de octubre de 2025, la sorpresiva vacancia de Dina Boluarte marcó un quiebre institucional. Al asumir Jerí, ya no solo se trataba del relevo en el sillón presidencial: era una nueva esperanza para un país que acumula crisis políticas, sociales y de seguridad.
En ese contexto, cabe preguntarse: ¿un mes después, cuánto hemos retrocedido? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué deja la gestión de Jerí hasta ahora?
Desde el minuto uno, Jerí prometió un “gobierno de transición y reconciliación nacional”. En su discurso inaugural, habló de “acciones concretas” frente a la inseguridad, del involucramiento de todas las instituciones del Estado, y de responder a una ciudadanía agotada.
Sin embargo, la paradoja es evidente: asumir en medio de alerta, protestas, y una imagen institucional maltrecha no es garantía de un avance inmediato. Y, en ese primer mes, ya han emergido luces y sombras.
Por el lado de las luces, los sondeos revelan que el presidente cuenta con un 45 % de aprobación, un inicio que, en comparación con gestiones anteriores, podría considerarse moderadamente sólido. Este dato muestra que gran parte de la población concede el beneficio de la duda al nuevo mandatario. Además, uno de los cambios notorios ha sido su estilo comunicacional: presencia más frecuente en redes, visitas sorpresa a penales, mayor visibilidad.
Sin embargo, detrás de ese 45 % también está un 42 % de desaprobación, cuya fuente principal es la persistente inseguridad ciudadana —extorsión, crimen organizado, homicidios— que no ha cedido. Por ello, aunque el estilo cambie, la sustancia aún no da señales claras de cambio profundo.
La gestión de Jerí arranca con una agenda ambiciosa: fortalecer el parlamento, preparar el retorno a la bicameralidad en 2026, acelerar la agenda legislativa en seguridad, trabajo y descentralización. Pero uno de los principales síntomas de retroceso es que estas promesas quedan mucho más en el papel que en la calle.
Por ejemplo, uno de los ejes centrales que Jerí mencionó fue la seguridad ciudadana. Pero el primer mes también trajo protestas masivas, enfrentamientos y denuncias de uso excesivo de fuerza. Si el mandato de un gobierno de transición es estabilizar, entonces la inestabilidad reciente es alarmante. Esa turbulencia se percibe como un retroceso institucional: el ciudadano siente que el Estado no tiene el control.
Otro factor de retroceso es la credibilidad. El propio Jerí no viene “limpio”: ha enfrentado denuncias por abuso sexual y presuntas irregularidades en su pasado parlamentario.
Aunque estos no han sido judicializados completamente, generan simbólicamente un efecto negativo que dificulta el mensaje de “reconciliación” que el mandatario promueve.
La economía y la inversión tampoco parecen haber recibido un empujón decisivo en estas primeras semanas. En contextos de transición, los grandes cambios tardan. Pero la ciudadanía ya demanda resultados. Y cuando la expectativa es alta, cualquier tardanza se transforma en un retroceso en la percepción.
Además, el Congreso, bajo el auspicio de Jerí, impulsa reformas —como el retorno de la bicameralidad— que muchos perciben como más un gesto institucional que una solución a los problemas inmediatos del país. Por tanto, el foco en lo estructural se agradece, pero no alivia lo urgente: la seguridad, la justicia, la vivienda, el empleo.
En el ámbito social, organizaciones feministas han levantado la voz señalando que, ante un presidente con historial de denuncias por violencia de género, el mensaje institucional puede resultar contradictorio. Eso también es un retroceso simbólico para un país que reclama acción contra la violencia de género como tema central.
Así pues, ¿cuánto se ha retrocedido? En lo esencial: la expectativa creció y los resultados tardan. La sensación de control del Estado no se afianza, la estabilidad social está lejos, y la confianza en las instituciones continúa baja. En el ámbito formal hubo arranques de agenda, aprobación moderada, visibilidad. Pero esas primeras luces aún no se traducen en cambios concretos.
Mirando hacia adelante, el gobierno de Jerí tiene una ventana breve: hasta julio de 2026 —menos de un año de gestión. Ese corto lapso suma presión: si no hay avances tangibles, ese 45 % de aprobación podría evaporarse. La ciudadanía ya advierte el desgaste: “el efecto fósforo se extinguirá si no se concretan políticas efectivas”.
En resumen, este primer mes de gestión marca un comienzo no despreciable, pero también evidencia claramente que el país sigue en terreno movedizo. Las promesas están allí, el ánimo ciudadano es aún tolerante, pero la transformación estructural y los resultados urgentes están ausentes. En ese sentido, sí, se ha retrocedido —o al menos no se ha avanzado— en lo que importa: seguridad, institucionalidad, confianza.
Queda por ver si el gobierno de transición logra revertir esa percepción. Si lo hace, será un pequeño avance. Si no, el retroceso podría profundizarse. Y la pregunta que queda retumbando es: ¿cuánto más tiempo tolerará la población esta espera?
