En vísperas del 5 de abril, día recordado por el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos advirtieron en el conversatorio “Hip Hop contra la diktadura 7” que votar por candidatos del pacto mafioso, como la lideresa Keiko Fujimori de Fuerza Popular, perpetúa la impunidad de sus casos.
Entre los familiares afectados estuvieron Betty Aguilar, hermana de Sonia Aguilar, asesinada en 2023 durante las protestas contra Dina Boluarte ocurridas en Macusani, Puno; así como Igor Alfaro, hermano de Melisa Alfaro, periodista asesinada con un sobre bomba por el grupo Colina en el régimen de Alberto Fujimori en el año 1991.
Aguilar denunció que, en el caso de su hermana, más de 11 fiscales han sido cambiados desde que inició la investigación, lo que impide consolidar una acusación formal, pese a que los 24 policías involucrados ya fueron identificados con nombres, apellidos y cadena de mando.
«Hay que castigar a este pacto mafioso, porque estamos caminando más de tres años en busca de justicia», advirtió la hermana de la víctima, quien precisó que entre los blindados por ese pacto se encuentran bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, entre otras.
Alfaro apuntó que el caso de la periodista evidencia los mismos patrones de obstrucción y retrocesos con cambios de fiscales, postergaciones del juicio y leyes aprobadas por el Congreso actual que, por ejemplo, restringen el trabajo de las ONG al dejar sin defensa legal a las familias que la necesiten.
«Es importante no volver a votar por este pacto mafioso, no volver a votar por los mismos, porque es parte de la construcción de memoria de nuestro país», aseveró el hermano de la periodista, cuyo caso tardó 34 años en llegar a una primera sentencia contra Vladimiro Montesinos, exasesor del gobierno de Alberto Fujimori.
Los hermanos de las víctimas coincidieron en que espacios autoconvocados como el conversatorio realizado en Jirón Quilca del Centro de Lima son el único canal disponible para visibilizar sus casos ante la opinión pública, dado que los mecanismos institucionales siguen bloqueados por las mismas fuerzas políticas que buscarán votos en esta segunda vuelta electoral.
