La evasión de impuestos, las adendas del contrato con Gremco y una ley para “salvar a los clubes peruanos” fueron los factores que pusieron en riesgo de liquidación al club merengue por deudas que superan los 380 millones de soles.
En la década de 1990, el club Universitario de Deportes consolidó una era de auge deportivo que se tradujo en títulos nacionales y representaciones en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante a nivel sudamericano.
La hinchada crema, ilusionada con un futuro próspero, depositó su confianza en la gestión de la entonces directiva del club. Los jugadores de esa época demostraban su jerarquía al pisar el campo rival, pero, sobre todo, cuando jugaban en condición de locales en el antiguo estadio Lolo Fernández, ubicado en Breña.
Jorge Nicolini, un conocido empresario y coleccionista de autos antiguos, fue el decimoquinto presidente del club, entre los años 1988 y 1994. En su gestión, sentó los cimientos del éxito futbolístico de la década, pero también de la exorbitante deuda tributaria que se prolonga hasta hoy.
Origen de las deudas
En 1989, surgió la idea de un nuevo proyecto: la construcción de un estadio que anhelaba ser el más grande de Sudamérica. Mientras que la “U” y su hinchada celebraban el título nacional de 1990, los dirigentes del club buscaron el terreno y la empresa constructora para poner en marcha la edificación del nuevo complejo deportivo.
“El estadio Lolo Fernández era antiguo, pero estaba en buenas condiciones. Nicolini y compañía no vieron la posibilidad de reforzar la infraestructura y ampliarla, ya que la capacidad de 12 mil personas era muy reducida para los partidos internacionales. De ahí nace la idea de comprar y construir un estadio más grande”, explicó Juan Carlos Chávez, periodista y escritor de ‘Los años maravillosos, la historia crema de los 90´.
En 1991, la empresa peruana Gremco fue seleccionada para la edificación del proyecto y contrató al arquitecto uruguayo Walter Lavalleja, quien décadas atrás participó en la construcción del estadio Alejandro Villanueva -conocido como “Matute”- de Alianza Lima, ubicado en el distrito de La Victoria.
Tres años después, el club compró un terreno de más de 185 mil metros cuadrados ubicado entre el cerro Puruchuco y la avenida Javier Prado del distrito de Ate. De esta forma, se inició la construcción del estadio más grande del Perú, el Monumental.
El bicampeonato de la “U” entre los años de 1992 y 1993 convirtió al club en una de las instituciones más dominantes del fútbol peruano. En ese contexto, la afición crema incrementó su júbilo con la noticia de la construcción de su nuevo estadio. Antes de que finalizara su gestión, el dirigente Jorge Nicolini acordó en el contrato con Gremco los medios de pago para la ejecución de la obra.
De acuerdo con Ana Peña, gerente de supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en el documento se especificó que Gremco corría con todos los gastos de la construcción mientras que Universitario de Deportes debía ocuparse de la compra del terreno.
A cambio, la empresa se beneficiaba con las ganancias por la venta de palcos, la entrega del 30% del terreno para fines comerciales y la adquisición del estadio Lolo Fernández. De esta forma, “el club no hubiera entregado suma de dinero alguna si seguía con este contrato”, indicó Peña.
El nuevo contrato con Gremco
De alcanzar la gloria nacional a vivir el calvario de una inminente crisis: así fue la transición administrativa de Universitario de Deportes en vísperas del nuevo milenio.
Aunque la expectativa de la ‘crema’ crecía cada día más a medida que avanzaba la construcción de su nuevo recinto, el nefasto manejo financiero de uno de los dirigentes más polémicos del club merengue marcó un punto de inflexión en su historia.
Alfredo Gónzalez, un ingeniero agrónomo y excongresista de la República, tomó las riendas del club entre 1995 y 2001. En su gestión, debía supervisar el contrato de la construcción del Monumental y solucionar la deuda tributaria. Ambas responsabilidades no fueron resueltas, lo que desencadenó los grandes problemas financieros que afronta el equipo estudiantil.
Desde 1996 hasta 1998 se realizó una ratificación y dos adendas en el contrato con Gremco que cambiaron la forma de pago de la edificación. La especialista legal Naghira Delgado señaló que este nuevo contrato estipulaba que el estadio Lolo Fernández seguiría perteneciendo a la “U”, bajo la condición de que el Monumental se construyera en conjunto.
Este cambio obligó a la empresa Gremco a pagar 14 millones de dólares del gasto total de la obra mientras que el club aceptaba desembolsar el pago de los 28.9 millones restantes más intereses.
Para Delgado, otro punto de este nuevo contrato derivó en la creación de la empresa Gremco Publicidad, la cual gestiona la publicidad y los eventos realizados en el Monumental. De esta manera, la empresa recuperaba su inversión por medio del cobro por publicidad estática del equipo crema y de los ingresos de los conciertos y eventos realizados en el ‘Coloso de Ate’.
El arbitraje
El 2 de julio del 2000 se inauguró el estadio Monumental. Los aficionados cremas esperaron varias horas para entrar al nuevo recinto y ver a su equipo alzar el título Apertura antes del partido contra Sporting Cristal. Esa tarde, la “U” venció por 2 a 0 a los rimenses. A pesar de esa victoria, en aquella ocasión inició otro partido que duraría hasta nuestros días.
Meses después, dado que ninguna de las partes se puso de acuerdo con el monto real de la edificación del estadio, Gremco llevó a un proceso arbitral a Universitario que fue supervisado por la Cámara de Comercio de Lima entre los años 2003 y 2007.
“En ese arbitraje se decidió que la deuda de Universitario era de 26.6 millones de dólares más intereses y se determinó la fórmula de cálculo de la deuda”, explicó María José Calle, coordinadora general de Indecopi. Este cálculo sería la tasa de interés activa en moneda extranjera (TAMEX), el cual se acumularía a la deuda y generaría nuevos intereses.
Las barras bravas
Esta última condición llevó al endeudamiento exponencial de Universitario, pues, debido a las modificaciones del contrato original, el club dependía de la asistencia de su hinchada, la venta de palcos, la publicidad estática y los eventos en el estadio para recaudar mensualmente el monto destinado a Gremco. Sin embargo, la falta de un cronograma de pago y la violencia de las barras bravas perjudicaron las arcas de “los merengues”.
Tras su inauguración, el Monumental tuvo que cerrar sus puertas en varias ocasiones a causa de las batallas campales libradas entre las barras bravas antes, durante y después de los partidos.
Principalmente, los conflictos que tuvieron como protagonistas a los miembros de la Trinchera Norte, barra brava de Universitario y los del Comando Sur, de Alianza Lima, su máximo rival, no solo perjudicaron a sus clubes con sanciones económicas, sino también a los hinchas de ambos equipos que iban a los estadios a disfrutar de los denominados “clásicos del fútbol peruano” como una fiesta deportiva.
“La disputa entre barras tanto dentro como fuera del estadio trae dos consecuencias. La primera es que aleja a las familias, los potenciales consumidores, ya que sienten que ir al Monumental es exponerse al peligro o pasar una muy mala experiencia, lo que provoca las clausuras del estadio y pérdidas económicas. La segunda es la marginación de las marcas auspiciadoras, debido a que no quieren estar vinculados a los clubes, en este caso a Universitario, cuyos hinchas más radicales cometen crímenes y vandalismo”, opinó Juan Carlos Chávez.
Uno de los sucesos más trágicos producidos por la violencia de estos grupos ocurrió el 24 de septiembre de 2011 cuando Walter Oyarce, un hincha aliancista, murió tras ser lanzado por barristas cremas de una altura de 8 metros desde un palco.
A causa de estos incidentes de violencia, el equipo estudiantil fue sancionado a jugar de local a estadio vacío y fue impedido de realizar eventos de otro tipo. Ante ello, Universitario no tenía más alternativas para conseguir el dinero que amortizara sus deudas pendientes, ya que el club no contaba con un cronograma de pagos que las regule.
“Esta dependencia de la publicidad estática y la realización de eventos eran variables por su frecuencia, por lo que no cubrían con la cuota de pago del interés ni mucho menos del capital. Por ello, la deuda, en vez de disminuir, continuaba aumentando”, especificó Dany Avilés, coordinador económico de Indecopi.
Sunat
Pese al éxito deportivo cosechado bajo la gestión de Jorge Nicolini, el club no atravesó un auge económico debido al desbalance de cuentas de 1994. El déficit monetario de la U rondaba por los 1.7 millones de soles, cantidad que debía a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).
Sin embargo, Nicolini, en un gesto de solidaridad hacia la “U”, se responsabilizó del pago de la mitad de la deuda y dejó a la siguiente administración el cargo de desembolsar los 800 mil soles restantes.
“El contrato firmado por Jorge Nicolini con Gremco era beneficioso para el club, ya que no se pagaría por la edificación. No obstante, Alfredo González modificó el contrato original e involucró a la institución en una deuda millonaria con la empresa constructora. Esto implicó que la “U” arribara a una crisis financiera por los altos intereses que se acumularon con los años”, aseveró Luis Camac, aficionado de Universitario y creador del canal La Garra de Luc.
En 1996, la situación económica del club empeoró con la auditoría que realizó la Sunat por las sospechas de evasión de impuestos entre los años 1994 y 1995. Esto derivó en el aumento de la deuda tributaria de Universitario hasta en 4 millones de soles.
Ese mismo año, el club intentó fraccionar la deuda, pero dos años después Sunat denegó este pedido y los intereses aumentaron hasta 4.8 millones. En los últimos días de la administración de Alfredo González el club estaba prácticamente quebrado y tenía una deuda tributaria de cerca de 6 millones de soles.
Incluso con esta cifra millonaria, aún era manejable solventar la deuda con la asistencia del público y el rendimiento futbolístico del equipo crema, a falta de los ingresos económicos de la publicidad y los eventos por el nuevo contrato con Gremco. Sin embargo, las siguientes administraciones manejaron de peor forma esa delicada situación financiera.
Javier Aspauza, el presidente del club entre 2001 y 2003, continuó el camino de la crisis que pavimentó González. En su primer año, al incumplir con el pago tributario, el monto aumentó hasta 13 millones de soles.
Esta falta de dinero de las arcas del club se debía a irregularidades sobre ciertas facturas no justificadas durante la gestión de González y Aspauza. Esto propició que Universitario no tuviera medios para pagar no solo sus deudas, sino también a sus trabajadores.
A pesar de que el equipo campeonó en el Torneo Apertura del 2002, los jugadores y el cuerpo técnico se vieron perjudicados durante la competición, pues no cobraron sus sueldos por cerca de 6 meses. Incluso algunos de ellos, hasta la fecha, siguen a la espera del pago de su salario como el exjugador Jhon Galiquio, a quien se le deben cerca de 236 mil soles.
En 2003, los intereses de la deuda con la Sunat prácticamente se cuadruplicaron en contraste con la anterior gestión. Aspauza dejó la institución con una deuda de 22.5 millones, cifra que marcaría el continuo déficit de las arcas del equipo estudiantil.
“La ‘U’ en este punto ya estaba en número rojos irrecuperables. Necesitábamos a alguien capaz de manejar una situación tan delicada, pero los socios volvieron a confiar en Alfredo González”, aseveró Camac.
La administración de González fue efímera. Elegido para el periodo 2004-2006, su gestión se centró en recolectar fondos e intentar justificar el pedido de fraccionamiento de la deuda. Pero la falta de pagos y los intereses elevados fueron más que suficiente para que la Sunat rechazara otra vez esa solicitud.
En paralelo, en 2005 los socios exigieron que se retomaran las investigaciones por las facturas sobrevaloradas de la directiva de Aspauza. Sin embargo, en lo que restó de su administración, González no cumplió con lo prometido, lo que devino en su suspensión dirigencial de por vida del club. Su presidencia sin realizar muchos cambios con una deuda tributaria que ascendió a los 33 millones de soles.
Gino Pinasco, presidente del club entre 2007 y 2011, repitió el mismo delito que su predecesor: defraudación tributaria. Pero, antes de que esto fuera descubierto, el 13 de diciembre del 2009, bajo el mando del director técnico Juan Reynoso, Universitario consiguió su vigésimo quinto campeonato ante su eterno rival, Alianza Lima, en el Monumental.
Unos cuantos meses después de la vuelta olímpica en Ate, Universitario regresó a su ajustada realidad: el monto total de la deuda tributaria fue establecido en 75 millones de soles. Sin embargo, esta cifra no era exacta. Medio año después, Sunat encontró irregularidades en los manejos financieros del club, lo que llevó a realizar una auditoría que determinó el aumento del adeudo por 65 millones. Pinasco se retiró del club con una deuda de 140 millones.
A estas alturas, el equipo crema iba perdiendo por goleada. Julio Pacheco asumió la presidencia por un año. En su breve administración, fue recordado por su deseo de convertir a la “U” en el Barcelona de España, ignorando las enormes distancias entre ambos clubes. A finales del 2012, el club de Ate debía 155 millones de soles.
La Junta de Acreedores
El 6 de mayo del 2012 se promulgó la Ley para la reestructuración económica y de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú. Esta ley implementó un proceso concursal ante Indecopi entre los acreedores y los equipos de fútbol que no podían solventar sus deudas.
En esta situación, la junta de acreedores escogió a los administradores que decidieron el destino del club: pagar paulatinamente la deuda mediante un plan de reestructuración o efectuar un convenio de liquidación.
Inicialmente, esta ley se tenía pensada como una forma para que los clubes peruanos posean una segunda oportunidad de manejar adecuadamente sus deudas con el fin de priorizar un plan de reestructuración que compagine con el buen rendimiento futbolístico, tanto del primer equipo como de la división de menores.
Uno de los grandes beneficiados de esta ley fue el club Alianza Lima, que tuvo la posibilidad de recuperarse en poco tiempo para destacar en los próximos torneos locales.
En 2012, AFP Horizonte llevó a Universitario a un procedimiento concursal en Indecopi con el fin de que el club merengue cumpliera con el pago ordenado de sus deudas con sus acreedores. Luego de un año, Indecopi identificó a las entidades y personas que formarían parte de la junta de acreedores del club: Gremco, Sunat, AFP Horizonte y exjugadores.
Ese mismo año designaron a Rocío Chávez como la nueva dirigente responsable de la organización de este procedimiento. Una de las primeras decisiones de la junta de acreedores fue congelar los pagos pendientes del equipo para replantear una deuda corriente.
El temor más sonado entre los hinchas era la posibilidad de que los acreedores no aceptaran un plan de reestructuración y decidieran liquidar los inmuebles del club. Los estadios Lolo Fernández, Monumental y, principalmente, el complejo deportivo “Campo Mar-U”, todos espacios que mantienen con vida al club hasta la actualidad.
“Con la junta de acreedores, se estableció una deuda concursal de la cual la “U” está pagando recién desde la administración de Jean Ferrari. La única razón por la cual no nos liquidan es porque tenemos inmuebles que podrían solventar la suma requerida. El asunto está en que no estamos dispuestos a venderlos”, añadió Luis Camac.
Plan de Reestructuración
Entre 2015 y 2016, Raúl Leguía fue el administrador nombrado por la Sunat para supervisar los cimientos del plan de reestructuración. En su gestión, Indecopi aceptó el reconocimiento de dos deudas pendientes con Gremco por la suma total de 57 millones de dólares, lo que convertía a la empresa constructora en el principal acreedor de la junta.
Desde 2017 hasta 2020, Carlos Moreno dirigió la “U” por elección de Gremco. En el primer año de su gestión, presentó el plan de reestructuración. Pese a sus observaciones, fue aprobado por la Sunat con tal de no liquidar al club.
Dicho plan generó polémica entre los hinchas cremas, pues se establecieron los mecanismos de pago de la deuda planteando a Campo Mar y el Lolo Fernández como moneda de cambio. Además, no se sustentó la fijación de una tasa tan alta de 7% anual. Tampoco se evaluó el impacto del incremento de la deuda concursal en más de 42%.
La propiedad de Campo Mar-U tuvo un rol protagónico en este documento. Para evitar el remate de activos, se debía cumplir dos requisitos en un plazo de dos años: el cambio de zonificación y la habilitación urbana. El primero de estos se cumplió a inicios del 2019; no obstante, pese a que el plazo máximo del segundo era hasta agosto del 2019, no se ha obtenido respuesta a esta medida.
Por esta razón, en 2020, la “U” estuvo en peligro de ser rematada de acuerdo a lo estipulado en el plan de reestructuración. Sin embargo, Gremco, al ser acreedor mayoritario, solicitó a Indecopi aplazar la fecha del último requerimiento para evitar la venta de estos activos.
El 18 de febrero del 2020, Indecopi inició una investigación para verificar la actitud de los administradores, acreedores y la situación de los créditos reconocidos en el proceso concursal. Se descubrió que Gremco no declaró ciertos montos de eventos y publicidad antes y después del 2012, fecha en la que comenzó la junta de acreedores.
Además, se evidenció que no cumplieron con varios requisitos de este proceso concursal, por lo que Universitario se vio perjudicado.
Proceso de casación
En diciembre del 2019, Franco Velazco, asesor legal de Universitario, solicitó un proceso de casación, el cual es una acción legal que se presenta ante la Corte Suprema con la finalidad de anular una sentencia judicial. En el caso de Universitario, se buscaba la nulidad por las irregularidades de dos créditos concursales aprobados por Indecopi a la empresa Gremco durante la gestión de Raúl Leguía: una por 27 millones de dólares por capital de inversión y otra por 31 millones por intereses.
Pese a que Gremco había ganado en la primera instancia del juicio, tras dos años y medio de revisiones, el 22 de junio del 2022, la Corte Suprema aprobó la solicitud de Universitario. Con ello, los dos créditos concursales serían recalificados por Indecopi y es posible una reducción considerable de la deuda exorbitante de 58 millones de dólares, que provocaría el retiro de Gremco de la junta de acreedores.
En una entrevista, Franco Velazco, asesor legal de Universitario, aseguró que “es posible exigir una indemnización por daños y perjuicios a Indecopi, ya que, de acuerdo a la Ley general de procedimientos administrativos, la “U” fue agraviada por varios años por esta disputa legal con esta administración pública”.
La importancia de la aprobación del proceso de casación implica la protección de los inmuebles del club. Velazco afirmó que “la intención de ciertos acreedores mayoritarios era llevar al club a una situación inviable por las deudas que acumulaba. De esta forma, alcanzarían la liquidación y la “U” estaría obligada a vender a precios subvaluados Campo Mar, el Lolo Fernández y el estadio Monumental”.
La situación actual
Luego de este juicio, Luis Camac, como cualquier aficionado, se alegró al saber que hay una esperanza para su club. La “U” presentó las pruebas para la revaluación y está a la espera del veredicto final. Aún queda solventar las deudas corrientes y concursales que han afectado a los “cremas” por tantos años. Pero con la diferencia de que ahora parece transitarse un camino correcto bajo la administración de Jean Ferrari.
“Solo queda subsanar el manejo inapropiado de las finanzas de las antiguas administraciones del club que ha conducido a graves problemas financieros que han amenazado la existencia y la identidad del equipo más grande del Perú”, concluyó Camac, fervoroso hincha del equipo crema.
