El reciente colapso del techo del Real Plaza Trujillo puso de relieve una crisis de infraestructura que afecta a todo el país desde hace décadas. La negligencia, la falta de fiscalización y el desinterés de las autoridades han convertido nuestros espacios públicos en zonas de alto riesgo. ¿Cuántas tragedias se necesitan para que el Gobierno realmente tome acción?
El colapso del techo del Real Plaza Trujillo, ocurrido el pasado 21 de febrero y que dejó un saldo de seis fallecidos y más de 80 heridos, no fue una tragedia aislada, sino el reflejo de un problema sistémico que ha sido ignorado por mucho tiempo: la infraestructura pública en el Perú está al borde del colapso y las autoridades han permitido que llegue a este punto.
Tras la tragedia, se desató una ola de inspecciones a centros comerciales en todo el país. A la fecha, el resultado es alarmante: casi un tercio (31.9%) de los malls operativos fueron clausurados por graves deficiencias estructurales que han convertido a estos espacios en posibles trampas mortales.
La lista de cierres es extensa y abarca varias regiones. En Lima, el Mallplaza Bellavista presentó fisuras, desprendimientos, filtraciones y óxido en estructuras metálicas. El Real Plaza Puruchuco fue clausurado por estructuras oxidadas, falta de pernos en el techo, ausencia de extintores y fallas en las luces de evacuación. En Chorrillos, el Real Plaza Guardia Civil mostraba columnas corroídas que sostenían carga pesada, un peligro inminente para empleados y clientes. La situación es igual de preocupante en provincias: Open Plaza Pucallpa, Plaza del Sol en Huacho, Arequipa Center, Plaza Lima Sur y varios supermercados como Plaza Vea, Metro y Tottus también han cerrado sus puertas.
Los centros Real Plaza, del grupo Intercorp, han sido los más afectados, con clausuras en Trujillo, Puruchuco, Santa Clara, Centro Cívico, Guardia Civil, Piura, Villa María, Pro, Huancayo, Cusco y Juliaca. La cadena se ha visto golpeada por fallas estructurales graves que ponen en riesgo la seguridad de miles de visitantes que, hasta hace poco, daban por hecho que sus vidas estaban a salvo en dichos establecimientos.
Por si esto fuera poco, Lima se encuentra sumida en otro desastre: el incendio de gran magnitud en la zona de Barrios Altos, en el Centro Histórico de Lima, que inició el 3 de marzo y sigue incontrolable luego de más de 80 horas de lucha ininterrumpida por parte de los bomberos. Cinco edificios han colapsado debido a las llamas, y los hombres de rojo no saben con exactitud la fecha en la que se logrará extinguir el fuego.
Este incendio, que fue provocado presuntamente por un ataque extorsivo, expone otro problema crónico de la ciudad: la proliferación de almacenes ilegales sin ningún tipo de supervisión. A pesar de las evidencias de estas actividades clandestinas, las autoridades han hecho poco o nada para erradicarlas.
Como medida preventiva, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que se prohibirá el ingreso de mercadería a la zona de Barrios Altos. Sin embargo, el Comandante General de Bomberos, Juan Carlos Morales, criticó esta disposición: “Ha tenido que suceder esto para recién tomar acciones y eso es lo que me parece lamentable”. Mientras tanto, decenas de familias han perdido sus hogares y dependen de las pocas carpas instaladas por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para sobrevivir.
Quizá lo más indignante es que todo esto pudo haberse evitado. Estas fallas estructurales no ocurrieron de la noche a la mañana; fueron el resultado de años de desidia, de empresas que priorizaron las ganancias sobre la seguridad, y de autoridades que no realizaron inspecciones oportunamente. Ahora, tras la tragedia, los municipios y el Gobierno intentan reivindicarse al clausurar establecimientos, pero es demasiado tarde para las víctimas de Trujillo y sus familias.
El problema no se limita a los centros comerciales. Solo basta con caminar por las calles para encontrar hospitales con techos a punto de desplomarse, colegios con estructuras obsoletas y carreteras llenas de grietas y hundimientos. El Perú se está cayendo, literal y metafóricamente. Y si no se toman medidas urgentes, nuevos desastres están por llegar.
Finalmente, surge la pregunta: ¿qué están haciendo las autoridades para evitar más catástrofes similares? Todo apunta a que sus esfuerzos son insuficientes. No basta con clausurar locales; se necesita una reforma integral de la fiscalización de infraestructura a nivel nacional, que exija personal capacitado moral y profesionalmente. Ya es hora de que el Gobierno, las municipalidades y el sector privado asuman su responsabilidad. No podemos seguir esperando a que ocurran más desgracias para actuar.
La indignación de la ciudadanía es válida y necesaria. Exijamos que se garantice la seguridad de los espacios que frecuentamos diariamente. No permitamos que el Perú siga derrumbándose ante nuestros ojos.
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