Las dragas, herramientas comunes en la minería ilegal del oro, están causando estragos en los ecosistemas acuáticos y amenazando la vida y cultura de las comunidades amazónicas, que han tomado cartas en el asunto con una lista de demandas y acciones.
Las dragas son máquinas utilizadas en la minería, especialmente en la extracción de oro en ríos y cuerpos de agua. En Perú, estas maquinarias se han convertido en una herramienta común para la minería ilegal en la Amazonía, donde se busca extraer oro de manera rápida y sin regulación.
Todas las áreas amazónicas del Perú sufren el impacto de la minería ilegal. Según la agencia de noticias SERVINDI, nueve de cada diez casos están ligados a la extracción de oro, que se realiza principalmente en los ríos utilizando dragas. Por otro lado, en 2023, se exportaron al menos 5,941 toneladas de oro, de las cuales más de 3,000 toneladas provienen de fuentes sospechosas, según los datos del portal web de Convoca.
¿Cómo funcionan las dragas?
Las dragas operan succionando sedimentos del fondo de los ríos, donde se encuentra el oro. Este proceso implica el uso de bombas que extraen grandes volúmenes de arena y grava, que luego son procesados para separar el oro. La operación de estas máquinas es intensiva y puede causar un daño significativo al ecosistema acuático, pues no solo remueven el sedimento, sino también la vida acuática y las plantas ribereñas.
El uso de dragas en la minería ilegal tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente. La succión del fondo del río altera los hábitats naturales, destruye ecosistemas acuáticos y provoca sedimentación excesiva, lo que afecta a las especies que dependen de estos ambientes. Además, las dragas a menudo utilizan mercurio para separar el oro, un metal pesado que contamina el agua y los suelos, afectando no solo a la fauna y flora locales, sino también a las comunidades humanas que dependen del agua para su consumo y actividades diarias.
Impacto en comunidades indígenas
Las comunidades indígenas están enfrentando en primera línea los efectos de la minería ilegal. La contaminación del agua y la destrucción de sus territorios afectan su salud, su acceso a recursos naturales y su forma de vida tradicional. Además, la llegada de mineros ilegales puede generar conflictos sociales, fragmentación y violencia, poniendo en riesgo la seguridad de estas comunidades.
La minería ilegal ha generado conflictos sociales en las áreas afectadas, exacerbando la vulnerabilidad de las comunidades indígenas. La llegada de mineros ilegales a sus territorios no sólo amenaza su salud y bienestar, sino que también puede dar lugar a tensiones y violencia. Las comunidades han denunciado la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, lo que agrava aún más la situación.
En febrero del presente año, la Guardia Indígena Wampís confiscó dragas en la cuenca del río Santiago y retuvo a mineros ilegales (Amazonas), lo que evidencia la grave problemática de la minería ilegal en la Amazonía y la falta de presencia del Estado. Esta acción resalta la creciente preocupación por el impacto ambiental y social que esta actividad genera en la región.
La incautación de las dragas por parte de la Guardia Indígena Wampís es un paso importante en la lucha contra la minería ilegal, pero también pone de relieve la necesidad urgente de políticas más efectivas que regulen estas actividades y protejan los derechos y territorios de los pueblos indígenas. La colaboración entre las comunidades locales y las autoridades es fundamental para abordar este problema y garantizar un futuro sostenible para la región.
Otro claro ejemplo es la comunidad Canga, que ha logrado destruir tres dragas artesanales que se utilizaban para la minería ilegal en el río Comainas, ubicado en el distrito del Cenepa, en el departamento de Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador.
A solicitud del pueblo Awajún, organizado en la Odecofroc (Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa), la Policía Nacional del Perú llevó a cabo un operativo el lunes 30 de septiembre.
Actualmente, las organizaciones criminales han ocultado el resto de las dragas, que dañan gravemente los ríos, para evitar ser detectadas por las autoridades.
Los ríos Comainas y Cenepa están contaminados debido a la minería ilegal que extrae oro, lo que amenaza la salud de la población, así como los cultivos de cacao y la pesca artesanal, que son actividades económicas vitales para las comunidades.
A pesar de la presencia policial, las comunidades indígenas no cuentan con los recursos logísticos ni el combustible necesarios para seguir defendiendo su territorio y ríos de las actividades delictivas.
Demandas indígenas para enfrentar la minería
Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, perjudicadas por la minería ilegal de oro, han exigido el cierre inmediato del proceso de formalización minera a cargo del registro de mineros informales en proceso de formalización (REINFO).
También piden la derogación de normativas que benefician la minería ilegal, la anulación de petitorios y concesiones mineras en sus territorios, un aumento del presupuesto para las acciones de control (interdicciones) y la creación de un sistema que garantice la trazabilidad del oro.
En este contexto, cabe recordar que, el 21 de marzo de 2024, el Congreso de Perú aprobó la Ley N.° 31989, que deroga una disposición clave del Decreto Legislativo N° 1607, la cual permitía a la Policía Nacional del Perú (PNP) procesar a los autores de minería ilegal y confiscar artículos ilícitos relacionados con esta actividad. Esta decisión ha generado preocupación entre los sectores que luchan contra la minería ilegal, ya que limita las herramientas legales disponibles para combatir este delito.
La derogación de esta disposición se considera un retroceso en los esfuerzos por regular y controlar la minería informal, que ha sido un problema persistente en Perú. La nueva ley fue promulgada alrededor de las 11 de la noche y publicada en el Diario Oficial El Peruano, marcando un cambio significativo en la estrategia del Gobierno frente a la minería ilegal. Activistas y expertos advierten que esta medida podría facilitar aún más las operaciones ilegales y agravar los problemas ambientales y sociales asociados con esta actividad.
Frente a esta situación, emitieron un pronunciamiento titulado “Mandato de Acción Indígena ante el infierno minero”, que fue firmado por diversas organizaciones indígenas. En este documento se insta al Gobierno a detener la emisión de concesiones mineras en sus territorios y a respetar el consentimiento previo de las comunidades.
Por otro lado, alertan sobre la devastación causada por la minería, que ha afectado más de 2.4 millones de hectáreas y ha introducido sustancias tóxicas en el medio ambiente. Asimismo, piden a países como Suiza y Estados Unidos que dejen de comprar «oro sucio» proveniente de la ilegalidad hasta que se garantice la trazabilidad del oro y que su origen no esté vinculado a la destrucción de la Amazonía.
El Mandato de Acción Indígena frente a la crisis minera ha sido suscrito por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y sus bases regionales, así como por los Gobiernos Territoriales Autónomos y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), entre otros.
Asimismo, los líderes de las naciones Wampís y el Gobierno Territorial Autónomo Awajún se han unido para proteger el río Santiago. En una asamblea histórica, realizada el pasado 10 de octubre en la comunidad Huabal, con la participación de autoridades locales y delegados, se decidió mayoritariamente rechazar la minería ilegal y defender el agua. En esta reunión, la mayoría votó a favor de la retirada inmediata de los mineros en la región de Amazonas.
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En definitiva, las dragas utilizadas en la minería ilegal del oro en la Amazonía representan una grave amenaza tanto para el medio ambiente como para las comunidades nativas que viven de los ríos.
Por lo tanto, es crucial abordar este problema mediante políticas efectivas que regulen la minería y protejan los derechos y territorios de los pueblos indígenas. La falta de regulación, control y trazabilidad sobre estas actividades ilegales no solo amenazan el medio ambiente, sino también la supervivencia cultural y social de las comunidades nativas.
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