Tras una corta e ineficaz búsqueda por parte de las autoridades, el domingo 4 de mayo, 13 trabajadores fueron hallados sin vida al interior del socavón de la minera Poderosa, situada en la localidad de Pataz, La Libertad. Los cuerpos registraban signos de tortura por parte de los presuntos responsables, organizaciones criminales dedicadas al sicariato, las cuales estarían bajo el mando de Miguel Antonio Rodríguez, alias “el cuchillo”.
Estos trabajadores de la empresa R & R, dedicada a la extracción de oro, realizaban sus labores en la minera Poderosa por encargo de un minero artesanal, quien contrató los servicios de explotación de la compañía. En medio de su jornada, fueron sorprendidos por un grupo de criminales armados que irrumpieron en el lugar y tomaron el control.
La posible actuación del Estado, pero que no se ejecutó
El pasado 25 de abril se anunció la desaparición de los 13 trabajadores y, por si fuera poco, el Ejecutivo y la Policía Nacional dudaban del caso, demostrando su negligencia.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, manifestó que no se había reportado ningún caso en Pataz y, además, aseguró que no pertenecían a la minera Poderosa.
“Nuestros órganos y cuerpos de seguridad han estado actuando en Pataz y no tienen noticia de que el suceso que se informó sea veraz. No hay ninguna denuncia hasta el momento”, sostuvo el premier. Bajo esta misma premisa, el general Guillermo Llerena, jefe policial de la región, justificó su inacción.
Frente a la nula respuesta del Gobierno en un primer momento, la minera Poderosa emitió un comunicado tres días previos al 4 de mayo, señalando el agravamiento de la situación de seguridad en Pataz que quedó en evidencia hace una semana, cuando se desplegaron 800 efectivos en un operativo que no tuvo impacto en las zonas donde ocurrieron los enfrentamientos.
El “intento” fallido de rescate en la mina Poderosa
En un segundo momento, luego de evidenciar su falta de compromiso con la población de Pataz, las fuerzas de seguridad decidieron actuar.
“Los miembros de las rondas campesinas están colaborando con nosotros. Con ellos estamos ingresando a los socavones”, dijo el general Llerena.
En paralelo, un compañero de los secuestrados declaró que los delincuentes estaban exigiendo cuatro millones de soles a cambio de las vidas de los 13 trabajadores; no obstante, la Policía desmintió esa información.
El rescate nunca llegó y, en consecuencia, los trabajadores fueron asesinados a quemarropa dentro de un socavón; prueba de ello se encuentra en un vídeo que anda circulando por las redes sociales y coincide con el atentado, en el que se observan a hombres que suplican por sus vidas mientras son acribillados por los criminales.
Declaración de Estado de Emergencia en la ciudad de Pataz
Desde hace más de un año, la provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia, supuestamente, para impedir el ascenso de la delincuencia; sin embargo, la ejecución de los trece hombres pone en entredicho la gestión de las autoridades.
A raíz del lamentable suceso, la presidenta Dina Boluarte ha incrementado nuevas medidas de seguridad. “En un plazo máximo de 48 horas, se dispondrá el toque de queda en la zona y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población”, manifiesta el comunicado publicado en la web del Gobierno.
Asimismo, el Estado ha ordenado el cese temporal de 30 días en el sector minero de la zona y el Ejecutivo anunció por medio de la red social X que estarían trabajando en un proyecto de ley contra el terrorismo. ¿Será suficiente para frenar las olas de criminalidad en Pataz?
Mientras tanto, la criminalidad de Pataz no solo no parece cesar, sino que va en aumento. Un día antes de que se encontraran los 13 cuerpos sin vida, 20 trabajadores de una mina aledaña a la Poderosa fueron emboscados por una organización criminal. En una ciudad donde impera el crimen, surge la pregunta: ¿cuántas vidas más tienen que perderse para que el Gobierno tome acción?
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