El pasado domingo 4 de mayo, entre las rocas y cuevas mineras en el norte del Perú, La Libertad acaparó la atención de todos los medios nacionales debido a un trágica noticia: el hallazgo de 13 trabajadores mineros de la empresa R&R, contratista de seguridad de la minera La Poderosa, que fueron secuestrados durante su horario laboral y, luego, torturados y ejecutados cruelmente.
Ante este crimen atroz, perpetrado el 25 de abril, el Congreso de la República no tardó en intentar poner “las manos en el asunto” ante el recordatorio de la situación crítica en la que se encuentra el país frente a la delincuencia. En ese contexto, volvió al ojo público una ley propuesta por el mismo Congreso en noviembre de 2024.
La Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Minería (MAPE) surgió como un intento de solución, con el objetivo de buscar un marco teórico legal que impulse el desarrollo de este sector hacia la formalidad, ofreciendo una serie de normas independientes de la regulación aplicable a la mediana y gran minería, en pro de la particularidad del sector minero.
Ante esta tentadora respuesta al conflicto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ofreció 15 recomendaciones para reforzar esta propuesta legal. Tras la reunión y acuerdo de condiciones entre la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Asociación Nacional de Plantas de Beneficio del Perú, universidades, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, el informe incluye propuestas relacionadas con trazabilidad, beneficios tributarios, comercialización de oro, inclusión financiera y un nuevo régimen simplificado para el inicio y reinicio de actividades mineras.
Sin lugar a duda, frente a los recientes crímenes que han mantenido en vilo a la población peruana, las expectativas generadas en torno a esta prematura vía de solución pueden aumentar. Desde hace años, la población viene exigiendo la garantía del derecho fundamental de la seguridad ciudadana, pero nuestras autoridades, lamentablemente, parecen esperar que ocurran nuevas tragedias para recién establecer marcos de acción en pro de los más afectados.
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