La alta demanda de pasajeros en la avenida Universitaria, la vía más extensa de Lima Metropolitana, da paso a la circulación de custers y combis ‘piratas’, las cuales acumulan miles de soles en papeletas por violar las normativas de transporte de pasajeros de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
En la avenida Universitaria circulan custers y combis de más de 20 empresas de transporte público que compiten a diario por pasajeros en los distritos de Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Cercado de Lima, Pueblo Libre y San Miguel.
Pero, además, en su trayecto también se encuentra el transporte informal, conformado por las custers y combis de la década de 1990 en adelante que no cuentan con certificados de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y/o del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), documentos necesarios para brindar legalmente el servicio de transporte de pasajeros, de acuerdo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).
Entre 2022 y principios de 2024, según datos obtenidos a través del portal de transparencia de la ATU para este reportaje, se realizaron 396 operativos de fiscalización en dicha avenida con el fin de frenar el transporte informal. Sin embargo, estas custers y combis piratas continúan circulando impunemente.
Como parte de esta investigación, se detectó que 22 de estos vehículos acumulan, en promedio, S/. 15.575 en multas cada uno. Es decir, circulan a diario en dicha avenida debiendo cerca de S/. 350.000 en deudas en total.
Las placas y deudas acumuladas
Solo una custer de la serie de vehículos identificados para este reportaje acumuló S/. 36.898,90 en papeletas. Se trata del vehículo registrado a nombre del infractor de iniciales L.R.H.S, quien acumula esta cantidad en deudas por papeletas relacionadas a la falta de licencia de conducir, prestación del servicio de transporte regular sin autorización y la revisión técnica vehicular vencida.
De las 24 papeletas que el vehículo registra desde 2013, se contabiliza una deuda de aproximadamente S/. 9.000 soles en cuatro infracciones muy graves sancionadas en los operativos de fiscalización realizados en el tramo de la avenida Universitaria que recorre el distrito de Comas. Asimismo, al igual que el vehículo de L.R.H.S, las custers y combis ‘piratas’ seleccionadas para este reportaje se caracterizan por acumular estas multas por años, incluso varias de estas ya prescribieron.
Por ello, durante tres meses, mediante pesquisas propias realizadas en la avenida Universitaria por los distritos de San Miguel, San Martín de Porres y Comas, así como información recopilada de la ATU, se identificó, a través de las placas de estos vehículos que brindan el servicio de transporte informal, el total de las multas y el año de las papeletas acumuladas.
Como resultado, en este reportaje se identificaron 17 custers y cinco combis piratas, de las cuales 12 de ellas cuentan con faltas muy graves en su historial de papeletas y cuyas deudas totales superan los S/ 12.000 cada una. En estos 22 vehículos, se contabilizó una deuda total de S/ 342.377.
Con respecto a la deuda acumulada de estas combis y custers, en los cuatro meses de la elaboración de este reportaje se halló que, desde 2012 hasta la actualidad, 353 papeletas no fueron pagadas, según datos registrados en el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).
Para profundizar más en esta problemática, y debido a que la multa más antigua de estos vehículos identificados data del año 2012, se dividieron las papeletas de los 22 vehículos seleccionados en dos periodos: 2012-2019 y 2020-2024.
Según el SAT, una papeleta prescribe después de cuatro años de ser impuesta y sancionada. Hasta la fecha, esta entidad solo puede ejecutar sanciones por papeletas pendientes de pago entre 2020 y 2024, mientras que las registradas entre 2012 y 2019 ya prescribieron.
A pesar de que la deuda total de las multas supera los S/. 342.000, hasta el momento, el SAT solo puede cobrar por S/. 258.275 por las papeletas impuestas entre 2020 y 2024 de aquellos vehículos que circulan en la avenida Universitaria.
Las sanciones más comunes
En el desarrollo de esta investigación, se detectó que las infracciones más comunes de los choferes informales de estos 22 vehículos están vinculadas a la prestación de servicios de transporte público sin autorización, manejar sin licencia de conducir, incumplir con las indicaciones de la autoridad administrativa o darse a la fuga.
Antigüedad de los vehículos
En este reportaje, se identificó que diez de los vehículos analizados fueron fabricados entre 1985 y 2000, lo que implica que tienen más de 24 años de antigüedad. Sin embargo, en junio de este año, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) autorizó provisionalmente la circulación de unidades con hasta 35 años de antigüedad. Anteriormente, la misma entidad exigía a los concesionarios de transporte público que sus flotas de vehículos sean menores de 15 años de antigüedad.
La presidente ejecutiva de la ATU, Maribel Vidal, explicó que esta decisión busca generar las condiciones y la seguridad jurídica para el proceso de chatarreo obligatorio de los vehículos antiguos a fin de que las empresas realicen la renovación de las flotas.
Juan José Arrué Rubín de Celis, sociólogo y oficial de Proyectos de la ONG Transitemos, consideró que estos modelos antiguos representan un peligro latente y no deberían circular. «Tanto las normativas de la ATU como las del Ministerio de Transporte y Comunicaciones siempre han indicado que los vehículos con más de 15 años de antigüedad desde su fabricación no pueden prestar servicio de transporte público debido a posibles fallas técnicas y la alta contaminación que generan», enfatizó.
Efecto de impugnaciones en el cobro de deudas
Una de las razones principales por las cuales las papeletas se acumulan por años se debe a las impugnaciones, que consisten en interponer un recurso contra una resolución en sentido amplio. De esta forma, miles de transportistas infractores recurren a la apelación de las papeletas en el Poder Judicial.
El abogado y Magíster en Regulación de los Servicios Públicos, Alejandro Moscol, subrayó que, si bien las impugnaciones sirven para reclamar papeletas que el conductor considera injustas o mal sancionadas, también se puede usar este recurso para alargar el cobro de una multa.
Mientras que la impugnación se encuentre en el Poder Judicial, no se puede cobrar la deuda. “Incluso si se ordena pagar en primera instancia, se puede apelar y pasar a la segunda, lo cual podría tomar hasta un año por instancia, siendo prudente. En resumen, desde la imposición de la multa hasta los reclamos en el SAT y las instancias judiciales, se puede hablar de un período de al menos tres años”, declara Moscol.
Solo para el presente muestreo se identificó que, entre 2012 y 2019, más de S/. 80 000 soles en deudas no se cobraron por la prescripción de las papeletas.
Para Luis Quispe Candia, abogado especializado en Tránsito y Seguridad Vial y presidente de la ONG Luz Ámbar, esto representa una impunidad, pues el Estado no tiene la capacidad de sancionar efectivamente ni de resolver este problema. Hace 13 años, Luz Ámbar impulsó la ley que creó los juzgados especializados en tránsito y seguridad vial. Esta ley, actualmente en pleno vigor, establece la creación de juzgados administrativos, civiles y penales de tránsito.
A pesar de su legislación, Quispe denunció que a los fiscales asignados a estos juzgados se les obliga a tratar otros temas además de los de tránsito, lo que les impide abordar estos casos con profundidad y agilizar el proceso de reclamaciones de infracciones de tránsito.
“En Lima y Callao solo hay 9 juzgados de tránsito y seguridad vial, lo cual es insuficiente. Es necesario implementar más juzgados administrativos en tránsito, ya que un juez administrativo podría decidir el futuro de una multa en una sola audiencia”, enfatizó.
Fiscalización electrónica
A pesar de los operativos de fiscalización realizados en la avenida Universitaria, el transporte informal persiste, dado que, según Juan José Arrué, este trabajo articulado de las autoridades, policías y municipios “requiere de más personal, recursos y herramientas para una fiscalización efectiva y permanente en esa extensa avenida”.
Frente a esta adversidad, a mediados de 2023, la ATU introdujo la fiscalización electrónica, una tecnología que utiliza cámaras de seguridad para detectar infractores de tránsito, especialmente vehículos de transporte de pasajeros sin autorización.
En la primera mitad del año, la ATU supervisó 140 cámaras de videovigilancia con un costo de S/ 36 millones en 10 de los 43 distritos de Lima. San Miguel es el único que cuenta con tres cámaras de videovigilancia en la avenida Universitaria. Asimismo, de acuerdo con el portal Infobae, durante enero a mayo de 2024, la ATU registró 9.029 infracciones de 4.179 vehículos informales a través de la fiscalización electrónica.
En ese sentido, Arrué destacó que las cámaras son efectivas para detectar infracciones, identificar placas y tipos de vehículos, además de proteger la integridad de los fiscalizadores ante posibles casos de confrontación o agresión.
Sin embargo, Luis Quispe Candia señaló que aunque las cámaras son útiles para combatir el transporte informal, no están específicamente diseñadas para funciones de control de tránsito, como registrar la velocidad de los vehículos y emitir fotopapeletas.
Hasta el momento, las condiciones e instalación de mejores cámaras de videovigilancia en los distritos restantes que recorren la avenida Universitaria, la vía más extensa de Lima, con 24 kilómetros, queda pendiente de las municipalidades y de la ATU. “En algunos casos se ha verificado que estas cámaras no tienen la resolución necesaria para captar la placa de los vehículos, por lo que no es posible realizar este trabajo de fiscalización”, indicó en respuesta un vocero de la ATU.
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