Hasta el 18 de marzo, el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) registró al menos 475 homicidios, lo que equivale, en promedio, a una víctima cada cuatro horas.
El Perú atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en las últimas décadas. En medio de una nueva declaratoria de estado de emergencia (17 y 18 de marzo) cuya finalidad es ‘‘controlar’’ la ola de extorsiones y crimen organizado en el país, al menos 15 personas fueron asesinadas en Lima, Callao y zonas aledañas en menos de 24 horas.
Hace 7 días, el Sinadef registró 475 homicidios a nivel nacional y, a la fecha, esta cifra ya aumentó a 503. Esto prueba una vez más la insuficiente labor del Gobierno para mitigar la plaga delincuencial que hasta hoy nos azota.
Una ola de violencia sin control
Los sicariatos y las extorsiones forman parte de la vida diaria en diversas ciudades del país, entre las que destacan Lima, Callao, Trujillo y Piura, con ataques delictivos que no solo han cobrado la vida de empresarios y comerciantes, sino de ciudadanos de a pie que han sido víctimas colaterales.
El caso del cantante de cumbia Paul Flores (39), exmiembro de la reconocida agrupación ‘Armonía 10’, conmocionó a la opinión pública. El pasado 14 de marzo, el artista fue asesinado a balazos por sicarios mientras dormía dentro de un bus en el que transitaba junto a sus compañeros por el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Días después, el 19 de marzo, Jorge Luis Estrada, un taxista, fue baleado por un falso pasajero en el mismo distrito, dejando huérfanos a dos niños, uno de ocho años y otro de cinco meses de edad.
La violencia también ha alcanzado niveles más críticos en determinadas zonas. Por ejemplo, en Bellavista, Callao, tres menores de edad fueron ejecutados dentro de un vehículo por presuntos sicarios. En regiones como Arequipa, Piura y La Libertad, los asesinatos incrementaron, especialmente en aquellos vinculados al cobro de cupos y/o ajustes de cuentas de bandas criminales.
Estado de emergencia: ¿medida efectiva o reacción tardía?
Ante la creciente ola de homicidios, la presidenta Dina Boluarte, que destaca por su ineptitud para combatir la inseguridad, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao el pasado 18 de marzo. Sin embargo, en menos de una semana la misma medida recibió duras críticas por su falta de efectividad.
Su ‘fiel colega’, el ahora exministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha defendido su gestión argumentando que la delincuencia en Perú no alcanza los niveles de países vecinos como Ecuador y Colombia. Además, en una entrevista con Latina Noticias, el funcionario elogió el desempeño de la Policía Nacional resaltando su ‘arduo’ trabajo, sin el cual ‘‘la situación sería mucho peor’’.
No obstante, el politólogo Eduardo Dargent explicó a la agencia EFE que ‘‘si bien es cierto que el Perú no ha llegado al nivel de violencia de Centroamérica, la tendencia al alza en homicidios es preocupante. Lo que antes era esporádico, hoy es una constante’’.
Ola criminal: cifras alarmantes
La magnitud del problema se demuestra con números. En los primeros dos meses del 2025, el Perú registró 368 homicidios, cifra que triplica los 111 casos reportados durante el mismo período en el año 2018.
El Sinadef reveló que la mayoría de los asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego, lo que evidencia el acceso cada vez mayor a armamento ilegal por parte de bandas criminales. Durante los 10 meses de gestión de Santiváñez, se contabilizaron 1840 homicidios, cifra que supera a las alcanzadas con otros ministros del Interior en el mismo lapso.
Por otro lado, el crimen organizado sigue creciendo exponencialmente, con bandas dedicadas al cobro de cupos, secuestros y tráfico de drogas. El exvocero principal del Ministerio del Interior notificó a la ciudadanía la identificación de 400 organizaciones criminales operando en el país, entre ellas, ‘Los Pulpos’ y ‘Los Injertos de Piura’ desde el norte. Ambas bandas han logrado expandir sus operaciones y hasta obtener presunto respaldo en la Policía.
El sector transporte es uno de los más afectados, con miles de taxistas y conductores de combis que son obligados a pagar cupos diariamente para poder trabajar sin ser atacados.
La respuesta ciudadana
Como era previsible, la sensación de inseguridad en los peruanos ha crecido notablemente. Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 9 de cada 10 ciudadanos consideran que la delincuencia ha empeorado en el último año.
Esto generó cambios en el comportamiento de la población, siendo cada vez más los que optan por no salir de noche, contratar servicios de seguridad privada o incluso portar armas de fuego para su defensa personal.
Otro patrón observado, según datos del Ministerio del Interior, es la disminución de denuncias contra actos extorsivos y asesinatos. Diversos especialistas expresaron su consternación a diarios peruanos, exclamando que no nos dejemos engañar, y que la tasa ha decrecido probablemente por las amenazas coercitivas de los atacantes hacia sus victimarios, no la delincuencia per se.
Mientras tanto, la amenaza de la muerte sigue acechando en todos lados, generando incertidumbre y zozobra entre los peruanos, que cada día contabilizan nuevas víctimas. Con las calles manchadas de sangre cada cuatro horas, la pregunta sigue en el aire: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que haya una solución real?
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