En los últimos años, los poderes del Estado han demostrado más ineficiencia que nunca en la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado, que han alcanzado niveles alarmantes en el actual gobierno de Dina Boluarte.
Según una encuesta realizada por Ipsos en febrero pasado, los peruanos consideran que los principales responsables de la crisis de inseguridad son la presidenta Dina Boluarte (56%), el Congreso (42%) y la Policía (37%).
El estudio de opinión realizado para Perú21, reveló que la ciudadanía también responsabilizó a los fiscales (32%), el Ministerio del Interior que lideró el recientemente censurado Juan José Santiváñez (29%), los jueces (29%) y los alcaldes (19%).
Los resultados de esta encuesta dan cuenta de la poca o nula confianza que la población deposita en las autoridades que, en principio, deben salvaguardar la vida y seguridad de los ciudadanos. Asimismo, evidencian los estereotipos y prejuicios hacia futuros trabajadores del Gobierno que, sin mostrarse optimistas con la idea de una sociedad utópica, están comprometidos con el desarrollo del país y el restablecimiento de la confianza ciudadana en la clase política y las instituciones del Estado.
Otras razones que el público encuestado consideró como causas de la criminalidad son la crisis económica y falta de oportunidades laborales (22%), falta de valores y educación en la sociedad (21%), recursos insuficientes de la Policía para enfrentar la criminalidad (19%), elevado número de inmigrantes irregulares (18%), influencia creciente del crimen organizado internacional (12%) y el mal funcionamiento del sistema penitenciario (8%).
Una crisis de seguridad inmanejable
La ola delincuencial continúa azotando a la población, exponiendo los insuficientes esfuerzos que la Policía intenta ejecutar para combatir la criminalidad. Pero ¿qué sucede cuando nuestras más altas autoridades demuestran ineficiencia, falta de escrúpulos y, sobre todo, falta de empatía y compromiso con el país?
Un reciente informe del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el 55% de los peruanos estaría dispuesto a respaldar a un líder que combata la delincuencia, incluso si esto implica vulnerar los derechos humanos. Esta tendencia se observa principalmente en hombres mayores de 40 años de los niveles socioeconómicos D y E, residentes en zonas rurales del norte del país.
Es notorio que, a raíz de la insatisfacción ciudadana, muchos han optado por apoyar medidas más radicales, con la finalidad de que todo acto criminal pueda ser combatido, aunque implique adoptar medidas drásticas que atenten contra los derechos humanos.
La semana pasada, Dina Boluarte propuso la pena de muerte y muchos peruanos probablemente se preguntaron si acaso se trató de una cortina de humo para distraer a la opinión pública sobre el escándalo de los procedimientos estéticos que se realizó hace meses.
Dina Boluarte es el blanco principal de críticas respecto a su gobernabilidad, debido principalmente a su falta de ética y su altísima tasa de desaprobación, la más alta en un jefe de Estado en la historia del Perú e incluso, a nivel mundial.
El futuro del Perú es incierto, tan incierto como un próximo procedimiento estético de la mandataria, quien sostuvo que su rinoplastia, una de las intervenciones quirúrgicas más controversiales, era de carácter urgente, como lo mencionó en un mensaje a la nación.
Los peligros aumentan en las calles cada día, como resultado de la incompetencia y negligencia de nuestras autoridades, quienes deberían defender la vida y seguridad de cada peruano para que desarrolle su vida con normalidad. Además, la inseguridad política ha generado una profunda zozobra e indignación en la ciudadanía, reflejada en las últimas manifestaciones convocadas por artistas del espectáculo peruano, a raíz del asesinato de Paul Flores, uno de los cantantes de la conocida orquesta de cumbia, Armonía 10.
A pesar de la ola de criminalidad que sigue alcanzando niveles alarmantes en el país, el mes pasado, la presidenta brindó su total respaldo de su Gobierno a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la delincuencia, durante la ceremonia de graduación de 200 oficiales abogados.
“Somos claros cuando decimos que no se puede criminalizar a los efectivos que, con valentía, e incluso ofrendando sus vidas, defienden a nuestra sociedad frente a la delincuencia, esa lacra de nuestra sociedad cuyo único lugar es la cárcel y sin ningún tipo de privilegio”, manifestó.
En vista de los actos delictivos —como extorsiones, amenazas, sicariatos y abusos de toda índole, que afectan diariamente a todo el Perú—, no cabe duda que la jefa de Estado ha demostrado ser igual o más incompetente que la amplia lista de personajes corruptos que han acechado a nuestro país.
