El reciente rescate de 48 perros en un presunto criadero clandestino de San Juan de Miraflores vuelve a poner sobre la mesa las leyes que existen en el país para prevenir y sancionar el maltrato animal.
El reciente rescate de 48 perros que se encontraban en condiciones de hacinamiento y con signos de maltrato en un presunto criadero clandestino de San Juan de Miraflores ha vuelto a poner en discusión la protección de los animales en el Perú.
Lamentablemente, el negocio de compra y venta de animales domésticos puede generar este tipo de problemas. Esto prueba que, a pesar de la existencia de normas legales, aún existen personas que buscan lucrar con los animales sin tener en cuenta sus condiciones de vida. Ante situaciones como esta, la legislación peruana contempla sanciones económicas y penas de prisión para quienes cometan actos de crueldad o abandono animal.
En el Perú, la principal norma que regula esta problemática es la Ley 30407, también conocida como Ley de Protección y Bienestar Animal, promulgada en enero de 2016. Su objetivo es garantizar el bienestar de los animales vertebrados domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio, así como prevenir los actos de maltrato y crueldad que puedan ocasionarles sufrimiento, lesiones o la muerte.
Esta ley establece que los responsables de animales de compañía deben proporcionarles alimentación adecuada, atención veterinaria y un ambiente apropiado para su desarrollo. Asimismo, prohíbe prácticas que atenten contra su integridad física y bienestar, como el abandono y los actos de crueldad hacia ellos.
La Ley de Protección y Bienestar Animal incorporó el artículo 206A al Código Penal peruano, que establece penas de hasta tres años de prisión para quienes cometan actos de crueldad o abandonen animales domésticos y silvestres. En caso de que el animal muera como consecuencia de estas acciones, la pena puede aumentar hasta cinco años de cárcel. Además, la legislación contempla sanciones administrativas, como multas, y medidas de inhabilitación que pueden impedir a los responsables volver a tener animales bajo su cuidado.
Además de las penas de cárcel, la ley contempla sanciones económicas para quienes incumplan las normas de protección animal. Según estipula el artículo 30 de la norma, las multas administrativas pueden variar entre 1 y 50 UIT, dependiendo de la infracción.
Por otro lado, en mayo de 2026, el Congreso aprobó una propuesta legislativa para incrementar las penas por determinados actos de crueldad animal que ocasionen la muerte, con sanciones de hasta ocho años de prisión. No obstante, es necesario distinguir esta propuesta de las disposiciones que ya se encuentran vigentes.
La legislación peruana también reconoce la participación ciudadana en la protección de los animales. Por ello, cualquier persona que presencie o tenga conocimiento de un posible caso de maltrato puede presentar una denuncia ante la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o la municipalidad correspondiente. Para realizar una denuncia, es recomendable reunir fotografías, videos u otros elementos que permitan identificar el lugar de los hechos y las condiciones en las que se encuentra el animal.
