Cuando el crimen gobierna: ¿nos merecemos todo esto?

En un país donde la corrupción, la colusión y el encubrimiento son moneda corriente, cabe preguntarnos: ¿es el Gobierno la organización criminal institucionalizada que más deberíamos temer?

Nuestro Congreso de la República siempre ha estado envuelto en escándalos, pero su frecuencia no es lo único que sorprende, sino la manera amoral en que las instituciones normalizan sus prácticas ilícitas y protegen a quienes las lideran.

Cuando menos lo esperábamos, el asesinato de Andrea Vidal, exsecretaria de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso a inicios de diciembre del 2024, sacudió al país entero. Mientras viajaba en taxi por La Victoria, José Daniel Vargas Briceño, chofer del vehículo, y Vidal fueron interceptados por sicarios, recibiendo más de 50 balazos que acabaron con sus vidas. 

Lo que en su momento se minimizó en el Congreso como una ‘‘muerte por extorsión más’’ dado el auge de la situación de inseguridad (que aún perdura), poco después destapó lo que vendría a ser un escándalo nacional más indignante y sin precedentes: investigaciones revelaron que Andrea Vidal trabajaba bajo las órdenes de su exjefe de la oficina mencionada, Jorge Luis Torres Saravia (APP), quien presuntamente lideró una red de proxenetismo en el Congreso. La hipótesis de las autoridades sostiene que, tras pelearse con su exjefe y ser despedida, la hayan intentado silenciar.

Se descubrió que Vidal reclutaba jóvenes para ocupar cargos ficticios en el Legislativo, y luego eran entregadas a distintos funcionarios (con coordinaciones previas evidenciadas en chats de WhatsApp) para obtener favores políticos a cambio de servicios sexuales. ¿Qué hizo el Congreso? Además de destituir a Torres Saravia de sus funciones e investigarlo por trata de personas, proxenetismo y homicidio, y acusar al expresidente del Congreso Alejandro Soto, no hizo mucho más que pronunciar discursos vacíos, negar su vinculación con tal red y con el presunto proxeneta. Asimismo, prohibieron el uso de minifaldas en la institución mediante un comunicado interno.

El caso es más profundo considerando que Torres Saravia enfrenta una denuncia archivada por violación sexual en 2020 a Vicky Navarro, madre de familia, quien lo ayudó con la campaña para el candidato a congresista de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdéz. La víctima señaló al exfuncionario como ‘‘el enfermo que la dopó y violó en un hotel en Pacasmayo en febrero de ese año’’. Cuando quiso denunciar el hecho a la fiscalía de Trujillo, el fiscal Agustín Germán Risco archivó su caso en menos de 24 horas sin realizarle pericias toxicológicas ni psicológicas para confirmar el ultraje. 

Pero no son los únicos casos. En diciembre de 2024, Nilo Burga Malca (69), exdirector de Frigoinca, apareció muerto en su habitación de hotel. Él había distribuido carne adulterada a escolares vía “Qali Warma”, un programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que debía proteger la alimentación infantil, no lucrar con ella solo para ‘‘abaratar costos’’.

Su ‘‘suicidio’’ parece ser otro intento de callar a los que saben demasiado o cuyo ‘‘descuido’’ evidencia que los acusados pueden ser miembros de las instituciones estatales que deberían protegernos. Al final, Burga Malca se halló como líder de esta organización criminal habiendo implicado a funcionarios del Ejecutivo, como el vocero presidencial Fredy Hinojosa, la misma Dina Boluarte y a su propia familia.

¿Qué hizo la presidenta? Jugó cartas a su favor tras el dictamen de la ley N° 32181, que derogó la detención preliminar en casos de no flagrancia. Hecho que favoreció a Hinojosa cuando se le intentó detener y, caso contrario, solo se le prohibió su salida del país.

La autógrafa para la restitución de esta ley ya se encuentra lista para ser promulgada, pero presenta muchas limitaciones, pues son ahora 88 delitos que no prescriben como motivo suficiente para aplicarla, entre ellos: cohecho, colusión agravada, organización criminal, proxenetismo, alteración de alimentos, etc. Esto favorece a organizaciones criminales como ‘‘Los Pulpos’’ o ‘‘Los Waykis en la Sombra’’. Y, por qué no decirlo, a los congresistas y funcionarios implicados en casos como el de Andrea Vidal y Qali Warma. ¿Será porque les conviene que estos crímenes queden fuera de su alcance?

Hoy nos enfrentamos a un sistema donde la justicia no protege a los ciudadanos, sino a sus agresores. ¿Qué esperanza tenemos en un país donde las leyes no se escriben para protegernos, sino para blindar a los culpables?

Pero lo peor aquí no es solo el crimen, sino la complicidad estatal que lo perpetúa. Mientras el Congreso legisla para su impunidad y el Ejecutivo calla, los ciudadanos quedamos desamparados frente a un sistema que se desmorona desde dentro. La pregunta ya no es si podemos confiar en nuestras instituciones. La verdadera pregunta es: ¿realmente merecemos pasar por esto?