Desempeñarse en el rubro del transporte público hoy en el Perú se ha convertido en un oficio de alto riesgo. La extorsión amedrenta a más de 400 empresas de transporte formales de Lima y Callao en pagar cupos de hasta 15 mil soles por unidad al mes para permitirles seguir operando. Esta criminalidad ha patentado el terror dentro y fuera del sector con 46 asesinatos a conductores en los últimos doce meses, casi uno por semana, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas del Perú. Las organizaciones criminales han convertido el cobro de cupos en su fuente más rentable, mientras que diariamente los transportistas deben sobreexigir su trabajo, aumentando el número de recorridos para generar mayores ingresos que les permitan alcanzar lo solicitado para evitar cualquier perjuicio.
El asesinato a Daniel Cedeño, conductor de la empresa Lipetsa, mientras se encontraba en horario de trabajo, detonó una nueva protesta ante la falta de protección frente a las mafias de extorsionadores que controlan el transporte público. Rutas bloqueadas, miles de negocios paralizados y voces fuertes manifestaron la sensación de abandono entre quienes viven de esta labor. El respaldo de distintos sindicatos, comerciantes y organizaciones civiles reflejan la magnitud del descontento social frente a la inseguridad y la falta de acciones por parte del Estado.
Las autoridades que deben velar por nuestra protección nuevamente nos demuestran su incapacidad e indiferencia. Nuestra expresidenta de la república Dina Boluarte, quien salió del cargo con 93% de rechazo a su mandato, instó a no abrir mensajes ni responder llamadas como medida para evitar las extorsiones. Un consejo tan improvisado que se acerca más a la ironía, así como las declaraciones del último elegido comandante general de la PNP Óscar Arriola, quien reflexionó, ante el panorama actual, alegando a que se debe aportar por una sociedad pacífica y que “todos, siendo seres humanos, nos vamos a morir en algún momento”.
Nuestra seguridad parece no estar dentro de las prioridades ni de la institución a cargo de ella. Desde el Ministerio del Interior, apuestan por distribuir mayor presupuesto en renovar su flota de vehículos con la compra de camionetas de lujo, en tanto la capacitación y desarrollo de los efectivos policiales cada vez son más precarios. La Policía hoy en día no garantiza el orden, la seguridad ni mucho menos cuenta con el respeto y respaldo de la ciudadanía. Este no es el único panorama que nos refleja la falta de vocación con la que se desenvuelve esta institución en la actualidad. Es lamentable no poder contar ni siquiera con quienes juraron servir al pueblo, respetar irrestrictamente los derechos humanos, quienes prometieron velar por nuestra paz y tranquilidad.
Nos encontramos en medio de una de las peores crisis sociales, en donde la violencia y el temor se ha implantado en el día a día de los peruanos. La asunción de José Jerí, expresidente del Congreso de la República, acusado por violación sexual, al cargo máximo de poder estatal como presidente de la República ilustra los dos grandes dolores que arrastra el Perú: corrupción y violencia contra la mujer. Necesitamos medidas de seguridad urgentes; sin embargo, parece, una vez más, estar desahuciados frente a una criminalidad que avanza más rápido que el Estado.
