El incumplimiento de los acuerdos para mejorar la gestión turística de Machu Picchu ha reactivado el conflicto con las comunidades, que exigen soluciones concretas al Estado.
En septiembre de 2025, en pleno conflicto por la concesión del transporte turístico a Machu Picchu, la fundación suiza New7Wonders advirtió que el sitio podría perder su título de Maravilla del Mundo si el Estado peruano no mejoraba urgentemente su gestión. La advertencia llegó en un momento de alta tensión local, lo que obligó al Gobierno a tomar medidas que, pese a esto, aún no se han cumplido de manera efectiva, reactivando el conflicto social en la región.
El pasado 14 de septiembre, las comunidades de Machu Picchu convocaron un paro contra el operador ferroviario Perú Rail por bloquear el traslado de 18 buses de la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy.
La medida buscaba hacer cumplir el plan de contingencia aprobado por la Municipalidad de Urubamba, luego del vencimiento del contrato de Consettur, empresa cuestionada por haber monopolizado el transporte durante más de 30 años.
Ante esta escalada, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lideró una mesa de diálogo multisectorial el 20 de septiembre. Se firmaron compromisos que incluían garantizar un transporte turístico seguro, transparente y legal, además de convocar desde la Municipalidad de Urubamba una nueva licitación pública con participación de las comunidades locales. Estas medidas pausaron las protestas y recuperaron el control institucional sobre el acceso turístico al santuario.
Paralelamente, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, sostuvo una reunión con representantes de New7Wonders, en la que ambas partes acordaron mantener una comunicación directa y avanzar hacia una gestión más sostenible de Machu Picchu. La fundación aclaró que la advertencia no era definitiva, pero sí una señal de alerta que exige acciones concretas y rápidas.
Sin embargo, ante la presunta falta de avances y transparencia, el Comité de Lucha de Machu Picchu advirtió que consideraría convocar otro paro de 48 horas si no se respetan los acuerdos sobre el ingreso de nuevos buses hacia la ciudadela, señalando como responsables del estancamiento a PeruRail, SERNANP y las autoridades que no han ejecutado lo pactado. La decisión fue abordada en la reunión multisectorial realizada el 6 y 7 de octubre, pero no se emitió un anuncio formal del paro.
Elvis Málaga, alcalde de la municipalidad distrital de Machupicchu, afirmó que no existe una convocatoria formal de gremios en una entrevista a Infobae. Pese a esto, el burgomaestre no descarta posibles movilizaciones en el futuro, pues todavía no hay resolución para los problemas relacionados con la venta de entradas y al aforo del santuario histórico.
