El derecho a la educación en el Perú continúa siendo un privilegio segregante para una gran cantidad de peruanos. A pesar del crecimiento macroeconómico de las últimas décadas, el sistema educativo del país enfrenta una profunda crisis estructural donde la precariedad y la desigualdad social caminan de la mano. Las escuelas rurales y de la periferia urbana operan en condiciones que atentan contra la dignidad humana, careciendo de servicios básicos como agua, luz y conectividad a internet. Esta grave brecha material excluye a los sectores históricamente marginados, transformando la posibilidad de cursar estudios superiores en una quimera inalcanzable.
Lejos de responder a una escasez de recursos absolutos, este sombrío panorama es el resultado de una ineficiencia estatal crónica y de una corrupción institucional y sistémica. La gestión gubernamental demuestra una alarmante incapacidad técnica para ejecutar presupuestos y planificar políticas a largo plazo.
Los fondos destinados a la mejora de infraestructura y capacitación docente suelen diluirse en infinitas trabas burocráticas o ser desviados por redes corruptas. Cada sol perdido se traduce directamente en una escuela sin techo en la sierra, un laboratorio desmantelado en la selva o un joven talentoso abandonado por el Estado.
Frente a esta realidad, la creación del Programa de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) y su iniciativa emblemática Beca 18 marcaron un hito de inclusión y meritocracia. El programa democratizó el acceso a universidades e institutos de prestigio para miles de jóvenes en situación de pobreza extrema y zonas afectadas por violencia, demostrando que el talento está equitativamente distribuido en el territorio nacional y convirtiéndose en el motor de movilidad social más efectivo del sector.
Sin embargo, este avance hoy se encuentra bajo una grave amenaza debido a las decisiones políticas y presupuestarias del Gobierno. En un contexto de inestabilidad fiscal, PRONABEC ha sufrido un alarmante recorte en su financiamiento que ha impactado en la reducción sistemática de vacantes, evidenciando cómo las políticas de inclusión quedan sujetas a los vaivenes políticos y a la miopía de gestores que consideran la educación como un gasto prescindible y no como una inversión estratégica.
El impacto más severo se ha sentido en Beca 18, cuyas vacantes se redujeron a solo 10 mil cupos, exactamente la mitad de las 20 mil prometidas inicialmente por el Ejecutivo, dejando desamparados a miles de estudiantes de alto rendimiento. Asimismo, la Beca Generación del Bicentenario, dirigida a posgrados, se ve afectada por la falta de liquidez, obligando al Ministerio de Educación a solicitar transferencias de emergencia por más de 119 millones de soles. Estas medidas de austeridad consolidan un panorama de exclusión donde el talento queda relegado por decisiones fiscales.
Oscar Carhuacusma Lacma, docente y magíster en Planificación Estratégica y Proyectos de Inversión en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advierte que estas medidas generan un costo social devastador que profundiza las fracturas socioeconómicas del país. Al truncar los proyectos de vida de los jóvenes más vulnerables, el Estado no sólo desaprovecha el capital humano, sino que empuja a este sector hacia la precariedad laboral, la informalidad o las redes delictivas.
Esta situación alimenta un profundo sentimiento de frustración y resentimiento hacia un sistema político que se percibe como excluyente y meritocráticamente falso. A largo plazo, la desilusión de ver canceladas las oportunidades debilita la cohesión social, sembrando el terreno para conflictos sociales o discursos radicales en zonas postergadas. El costo final es el estancamiento del desarrollo humano nacional y la consolidación de un orden injusto donde el origen socioeconómico y el lugar de nacimiento continúan pesando mucho más que el esfuerzo y la capacidad intelectual de las personas.
