El Perú enfrenta una crisis silenciosa de salud mental: cerca de 8 de cada 10 personas que necesitan tratamiento por un trastorno mental no lo reciben, y aproximadamente un tercio de la población enfrentará un problema de salud mental en su vida, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).
Pese a esta situación, diversos colectivos de pacientes y especialistas han expresado su preocupación por iniciativas del Estado que, a su juicio, amenazan los derechos humanos, la desinstitucionalización y el enfoque comunitario en salud mental.
Por ejemplo, el Minsa redujo el presupuesto para salud mental en S/ 39 millones entre 2025 y 2026, mientras que el Congreso aprobó la ley N° 32697, que alienta el encierro de personas con discapacidad mental, según afirman pacientes, trabajadores de salud y especialistas. Además, los hospitales psiquiátricos públicos acumulan observaciones por desabastecimiento e infraestructura deteriorada.
«Dije todo lo que quisieron escuchar porque lo único que pensaba era que quería escaparme, pero no me sentía para nada bien», recuerda Fátima, quien estuvo internada tres veces en el Hospital Víctor Larco Herrera durante el 2025 por múltiples crisis de salud mental. El hospital no proveía artículos de higiene personal y su familia debía llevarlos; tampoco separaba a los pacientes según la gravedad de su diagnóstico, y la convivencia con personas en episodios maníacos agudos agravó su estado en lugar de contenerlo.
La experiencia de Fátima coincide con lo que el Órgano de Control Institucional del hospital documentó en febrero de este año: el pabellón de Psiquiatría Forense, con capacidad para 12 camas, albergaba 36 pacientes con mandato judicial; con una separación de 60 a 80 centímetros pese a que la norma exige un mínimo de 150.
El Hospital Hermilio Valdizán tiene problemas similares. Una visita de control de la Contraloría en noviembre de 2025 encontró que el 30% de los medicamentos del Servicio de Emergencia tenían reserva para menos de un mes y que un 5% estaban agotados, situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos, y el hospital tampoco contaba con el certificado de inspección técnica de seguridad ante sismos o incendios.
El Congreso aprobó, el pasado 24 de junio, una norma que contradice la Ley General de la Persona con Discapacidad y promueve la creación de albergues y centros de internamiento. Frente a esta situación, un total de 13 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ONG Acción Neurodivergente —que ya había alertado sobre el proyecto de ley—, rechazaron la norma, según afirman, porque alienta el encierro y vulnera el derecho a la vida independiente.
Un sistema con menos presupuesto y menos especialistas
La Defensoría del Pueblo reportó en enero que el Ministerio de Salud redujo la asignación presupuestal para salud mental de 2.27% a 1.9% del presupuesto total del sector, muy por debajo del mínimo de 5% que recomiendan los estándares internacionales.
El presupuesto modificado para control y prevención en salud mental pasó de S/192.401.918 en 2025 a S/152.892.843 en 2026, una reducción de más de 39 millones de soles, de acuerdo con los reportes del MEF.
Esta desatención se replica en la distribución de especialistas: según el Colegio Médico del Perú, de los 1.417 psiquiatras registrados a junio de 2026, 946 ejercen en Lima, una concentración del 66,8%, mientras que regiones como Madre de Dios, Amazonas y Tumbes solo tienen dos especialistas.
«Derivamos a neurología porque el hospital no tiene psiquiatría, o a un centro de salud mental comunitario», relata Johanna Llanos, psicóloga que realiza el Serums en el Hospital de Especialidades Básicas La Noria de Trujillo, donde ocho psicólogos atienden a un promedio de 15 pacientes diarios sin apoyo psiquiátrico. El área tampoco recibe recursos económicos para la impresión de las pruebas que deben realizar a los pacientes, costos que son asumidos por los psicólogos.
La política detrás del desabastecimiento
«Las regiones con tasas más altas de depresión son las del sur, y son al mismo tiempo las más golpeadas por la represión del aparato estatal», señala Humberto Briceño, psicoterapeuta especialista en salud y antropología, quien advierte que no existen servicios con enfoque intercultural fuera de la capital.
El psicoterapeuta apunta que la depresión, la enfermedad con mayor tasa de prevalencia en el país según el Minsa, afecta de forma desproporcionada a quienes dependen del sistema público, porque «muchas personas dependen de un medicamento» y el desabastecimiento los deja sin su única herramienta de tratamiento accesible.
«Está, por un lado, lo que se ha definido como el pacto mafioso en el Congreso, y por otro, los grandes intereses empresariales que necesitan trabajadores precarizados», anota en referencia a un patrón que se agrava en las últimas legislaturas. «La salud mental es la última rueda del coche en el presupuesto», afirma.
Para Hever Krüger, psiquiatra e investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la rotación de autoridades es uno de los factores que más daña la efectividad de las políticas de salud mental, pues cada ministro y viceministro tarda seis meses en adecuarse a su función, por lo que si permanece un año, solo tiene seis meses de actividad eficaz.
Krüger atribuye parte del desabastecimiento a la corrupción en los procesos de compra del Estado, pues alerta que «hay organizaciones que cobran para sacar permisos, licencias, o que las licitaciones no beneficien a la población», lo que impide que los medicamentos de calidad lleguen a menor precio a los hospitales públicos.
«Todo está muy bien escrito, el problema es que no se asignan desde la parte ejecutiva los presupuestos adecuados», concluye el especialista, quien estima que el presupuesto para salud mental debería multiplicarse por diez para responder a la demanda real del sistema público.
El Congreso aprueba ley que organizaciones califican como un retroceso en derechos humanos
Trece organizaciones de la sociedad civil rechazan la Ley N° 32697, aprobada por el Congreso el 24 de junio y publicada el 4 de julio en el diario El Peruano. En su opinión, esta ley promueve el encierro de personas con discapacidad mental al disponer la creación de centros asistenciales especializados y albergues temporales.
La norma fue modificada en la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad que eliminó del artículo 29 los albergues permanentes que contemplaba el proyecto original, aunque las organizaciones advierten que la idea de albergue temporal sigue siendo problemática.
«El concepto de albergue nos lleva a pensar en familias que encuentran en el Estado la resolución de sus problemas, pero la solución no es depositar a las personas en un albergue, sino promover enfoques que permitan el apoyo sin reemplazar la voluntad de la persona con discapacidad», afirma Nelly Herrera, representante de la ONG Acción Neurodivergente.
Herrera señala que el uso de albergue en la norma responde a un modelo médico y rehabilitador de la discapacidad que contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, instrumento que el Perú ha ratificado y que reconoce el derecho a la autodeterminación y a la vida autónoma como principios no negociables.
La especialista en discapacidad psicosocial alerta que este tipo de normativas refuerza el estigma hacia las personas con discapacidad psicosocial y sostiene que el Estado debería avanzar hacia un modelo de cuidados de día que propone «bloques de organización de actividades para fortalecer la autonomía y el derecho a la autodeterminación» de esta población.
Lima concentra al 66.8% de los psiquiatras del país
De los 1,417 psiquiatras registrados en el Perú, 946 ejercen en Lima. En el otro extremo, Madre de Dios, Amazonas y Tumbes tienen apenas dos especialistas cada una, mientras Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, las regiones más golpeadas por la pobreza y el conflicto armado, cuentan con entre seis y nueve.
