Mientras la inseguridad ciudadana, el crimen organizado y la amenaza de un nuevo fenómeno El Niño continúan poniendo en riesgo a miles de peruanos, el Gobierno parece tener otras prioridades. Entre viajes presidenciales, debates por facultades legislativas y lives de TikTok, las respuestas a los problemas más urgentes del país todavía no muestran resultados suficientes. La pregunta no es qué está haciendo el Ejecutivo para hacer acto de presencia en la agenda pública, sino qué está haciendo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Las cifras permiten dimensionar el problema. Según el INEI, durante el semestre de octubre de 2025 a marzo de 2026, el 59,6% de la población consideró que la delincuencia era uno de los principales problemas del país. La preocupación, además, aumentó 4,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. No se trata únicamente de una percepción: Juan Carbajal, analista de datos, contabilizó 1754 homicidios registrados en SINADEF entre enero y octubre de este año.
Por otro lado, entre tantas noticias sobre violencia sexual y física contra menores de edad, una verdad abrumadora se hace evidente: la plataforma SíseVe registra 20 523 casos de violencia psicológica, física y sexual contra menores de edad en lo que va del año.
A este escenario se suma el fenómeno El Niño. El 30 de octubre, la Comisión Multisectorial ENFEN advirtió que el Niño costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. También pronosticó lluvias por encima de lo normal en distintas regiones del país.
Es cierto que el Ejecutivo ha aprobado disposiciones para atender esta amenaza, como el Decreto de Urgencia 008-2026, publicado en agosto, que establece medidas para ejecutar intervenciones ante el peligro de intensas precipitaciones. Sin embargo, la existencia de una norma no garantiza que las obras de prevención estén terminadas, que los puntos críticos hayan sido atendidos o que las poblaciones vulnerables estén preparadas. En otras palabras, no se ha hecho más que firmar algunos papeles.
El Congreso también aprobó delegar facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días para legislar en materia de criminalidad y sobre el fenómeno El Niño. El debate en torno a esta solicitud ocupó una parte importante de la agenda pública y estuvo acompañado de la insistencia del Gobierno en la necesidad de obtener el ‘permiso’ para poner en marcha sus propuestas. El mensaje transmitido fue que el Ejecutivo contaba con medidas que no podía ejecutar sin esta autorización y que, una vez obtenida, pondría en marcha un plan extraordinario. Sin embargo, tras la aprobación, la acción se fue de viaje con Keiko Fujimori.
La presidenta realizó una visita oficial a El Salvador entre el 28 y el 31 de octubre y viajó a España del 2 al 6 de noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana. Ambos viajes tuvieron agendas diplomáticas establecidas. No obstante, resulta válido cuestionar el contraste entre la atención que reciben estas actividades y la urgencia de los problemas que siguen afectando al país. Y, al parecer, lo más recordado de sus viajes fueron sus TikToks, editados con CapCut de manera cuestionable.
Más allá de lo cómico que puede parecer que la presidenta dedique más tiempo a ‘la pantalla’, su faceta de influencer no reduce los índices de criminalidad, no garantiza justicia para las víctimas de violencia ni evita que las lluvias destruyan viviendas y carreteras.
Además, tras los primeros 100 días del Gobierno de Keiko, marcados por promesas incumplidas, el Perú necesita, ahora más que nunca, un Gobierno que pueda demostrar que está ejecutando soluciones frente a los problemas que acongojan a la población. Porque, mientras las autoridades discuten, viajan y comunican, los ciudadanos siguen enfrentando problemas que no pueden postergarse hasta el siguiente live presidencial.
